Sánchez retrasa su cita con Torra hasta después del 1-O

La reunión, prevista para septiembre en el Palau de la Generalitat, no se producirá «al menos hasta octubre». La fecha y los contenidos concretos del encuentro están «aún por definir».

De la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa el pasado 9 de julio salió un compromiso, el de repetir el encuentro –esta vez– en Barcelona. Esta voluntad fue explicitada por el propio presidente de Cataluña que invitó al jefe del Ejecutivo a retomar el contacto bilateral cara a cara en septiembre en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, la cita se va a retrasar respecto a las previsiones iniciales y no se prevé «al menos hasta octubre». Enmarcados en el «otoño» –cuya temperatura se afanan en caldear desde la parte catalana– ambos gobiernos mantienen la voluntad de celebrar la cita, pero tanto la fecha como los contenidos de la misma están aún «por definir». Estas reuniones al máximo nivel entre los altos representantes de ambas instituciones se configuraron como parte del seguimiento de los avances que se fueran registrando en las comisiones bilaterales, cuyos trabajos se retomaron antes del verano. La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se volverá a reunir antes de que acabe el año y en septiembre lo harán todos los grupos de trabajo dependientes de la misma, con la intención de –ahora ya sí– entrar en detalle y analizar, por ejemplo, de qué leyes catalanas concretas, de las impugnadas ante el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno está dispuesto a levantar los recursos.

La decisión de reactivar la interlocución con Cataluña fue una de las principales apuestas de Sánchez cuando llegó al poder. Con el objetivo de abordar la «normalización» de las relaciones institucionales y abrir un «cauce político» para la resolución de un conflicto que se había enconado en la vía judicial, el Ejecutivo asumió una actitud de marcada condescendencia, evitando atender a los múltiples agravios de la Generalitat. El único toque de atención se produjo 72 horas antes de que Sánchez y Torra se reunieran en La Moncloa, cuando el Gobierno impugnó ante el Tribunal Constitucional una moción del Parlament que pretendía impulsar los objetivos del 9-N. Desde el Govern consideran que este segundo encuentro entre Sánchez y Torra en Barcelona es una buena señal de las relaciones entre ambos gobiernos y, a la vez, «muestra un respeto hacia la bilateralidad».

Sin embargo, los acontecimientos que se sucedan hasta que los presidentes del Gobierno y la Generalitat vuelvan a estrecharse la mano amenazan con poner en solfa el entendimiento. El propio Torra no parece decidido a rebajar el tono, si hace unos días llamaba a «atacar al injusto Estado español», ayer volvía a la carga señalando que su objetivo es «vencerlo» para llegar a proclamar la República: «Ya sabemos hasta dónde estamos dispuestos a llegar». Por su parte, el Gobierno sigue haciendo oídos sordos a estas insinuaciones, señalando que las meras palabras no suponen un ataque en sí mismo y se emplazan a hechos concretos para actuar. En este sentido, el presidente del Gobierno mostró su confianza en que Torra no incurrirá en una nueva ilegalidad que propicie la aplicación de un nuevo 155 en Cataluña. Desde el Ejecutivo se preparan para encarar el «otoño caliente», aunque no prevén que en el marco de las reivindicaciones de la Diada –el 11 de septiembre– o en el aniversario del referéndum del 1 de octubre, entre otras movilizaciones, se vaya a atentar contra el Estado de Derecho.

En una conversación informal con periodistas durante su gira Latinoamericana, recogida por Ep, el presidente mostró su disposición a que en este nuevo tiempo que se abre se pueda mejorar el autogobierno de Cataluña, aunque en ningún momento se va a promover una apuesta por la autodeterminación como le exigen Puigdemont y Torra para evitar la campaña de confrontación que tienen previsto impulsar durante el otoño. Para el Gobierno la única vía de negociación en este sentido se encuadra en el marco de la Constitución y del Estatut, cuya reforma –de aprobarse– sí deberían votarla los catalanes en referéndum. Para impulsar esta propuesta, el Gobierno exige –no obstante– un consenso suficiente (de en torno al 70%) de la representación de la sociedad catalana. Y es precisamente pensando en atender «los problemas reales de los catalanes» por lo que el Gobierno ha decidido celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona cerca del 1 de octubre. De este modo el Ejecutivo busca redoblar su presencia en Cataluña ante la escalada de tensión que se avecina en los próximos meses por parte del soberanismo.