El movimiento contra reloj de Miguel Ángel Gallardo para forzar su aforamiento y lograr así hurtar a la Audiencia Provincial las competencias para juzgarle por el caso de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha generado un auténtico terremoto en el PSOE. Para dar el salto a la Asamblea extremeña, Gallardo no solo ha tenido que traicionar su palabra –dijo que no daría el paso hasta que fuera exculpado en la causa–, sino que ha fulminado a cinco compañeros para conseguir el escaño. A la diputada en posesión del acta y a los cuatro socialistas que tenía por delante en la lista electoral con la que concurrió a las autonómicas de 2023. El obsceno movimiento, priorizando la estrategia judicial a la política y que expertos jurídicos consideran que podría suponer un fraude de ley, ha generado una polémica que no tiene eco en la dirección nacional del PSOE.

Desde Ferraz niegan la evidencia y respaldan a Gallardo, pese a ser uno de los pocos barones autonómicos no alineados con Pedro Sánchez. El argumentario que proclaman en todos los niveles del partido, ante la insostenible situación de Gallardo, es que como líder de la oposición y para poder ejercer ese papel frente a la presidenta, María Guardiola, tenía que tener visibilidad en el Parlamento regional. «Hay que hacer oposición. Tiene un mandato de los militantes y lo tiene que cumplir», se limitan a decir fuentes oficiales.

Sin embargo, otras fuentes consultadas apuntan a una estrategia judicial orquestada directamente desde Moncloa y que no tendría como objeto al propio Gallardo, que ha ejercido como mero peón, sino al hermano del presidente del Gobierno. Conscientes de que el aforamiento del líder extremeño arrastraría toda la causa a una instancia superior, el Tribunal Superior de Justicia, porque el resto de imputados son inescindibles, David Sánchez también se vería beneficiado y esto produciría, además, la consiguiente dilación de la causa, lo que le permitiría «ganar tiempo».

Las fuentes consultadas señalan que se habría «sacrificado» a Gallardo, sometiéndole a semejante viraje retórico para salvaguardar en última instancia los intereses del propio Sánchez. De ahí que no se emitan críticas desde los altavoces oficiales. Los mismos que se siguen aferrando al recurso de la Fiscalía, que considera que no hay caso y que los indicios de la jueza de instrucción son meras «conjeturas e hipótesis». Pero no es solo el líder extremeño quien queda en cuestión, sino todo el partido. La portavoz regional, Isabel Gil Rosiña, defendió ayer que la decisión de que Gallardo desembarcara en la Asamblea es una actuación colegiada de toda la formación y de la que hizo cómplice, incluso, a los expresidentes Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Gil Rosiña explicó que el movimiento se aprobó en la reunión de la Interparlamentaria del partido, en la que «están todos los cuadros y dirigentes actuales» de los socialistas extremeños. Además, apuntó que, como la reunión era «de importancia», asistieron también a la misma tanto Fernández Vara como Rodríguez Ibarra. «Y todos, a una sola voz, determinamos que la estrategia y el camino con el que queremos transitar los dos años que quedan de legislatura es que Miguel Ángel –por Gallardo– estuviera en el Parlamento. Eso responde a que no hay una división en el Partido Socialista. ¿Eso quiere decir que no haya matices entre un militante socialista de Barcarrota o de Navalmoral de la Mata? Pues claro que lo habrá, como los hay en el PP nacional que está preparando ahora su congreso», dijo.

Y este posicionamiento se produce porque, más allá de la estrategia judicial, en el partido se ha abierto una brecha interna entre quienes muestran su «preocupación» y «tristeza» por la imagen que está dando el PSOE de Extremadura y quienes asumen el argumentario sin rechistar. Quienes muestran su descontento critican la imagen de instrumentalización política que se está proyectando de la representación pública. Una imagen de que la justicia no es igual para todos y que los dirigentes públicos tienen el privilegio de poder elegir el tribunal que les juzga. «Una justicia a la carta». Esto choca contra las proclamas que se escuchan desde el Gobierno y el propio Gallardo, recordando que el aforamiento no implica inmunidad.

En el partido, ya comienzan a surgir las voces que critican la deriva a la que ha sometido su líder al PSOE extremeño, con la dimisión de cinco compañeros y el movimiento indisimulado de querer colocar después a la diputada saliente como subdelegada del Gobierno. Durante la pugna interna en las primarias, Gallardo prometió que su horizonte judicial no afectaría al partido y, aunque se intente subirse a lomos de la causa de la «cacería» de la que participan Ferraz y Moncloa, lo cierto es que en el territorio consideran que esto les perjudica de cara al ciclo electoral de 2027. «Se está cargando el partido, así es imposible articular una alternativa real a Guardiola. Todo se lo come la polémica», se queja un dirigente extremeño que mira con preocupación el devenir del caso, que todavía no ha escrito su último capítulo. «La rumorología no es buena», sentencia.

Desde la dirección del PSOE extremeño responden que el partido «no es un convento» sino una organización política que tiene, entre sus miembros, «distintos matices y distintos posicionamientos ante determinadas o similares cuestiones». «Nosotros dentro de nuestra casa hemos decidido que esa alternativa política tiene que tener la voz y el liderazgo de nuestro secretario general sentado en un escaño del parlamento, no hay más. Esto es lo que hemos decidido hace unos días en el PSOE de Extremadura y por eso el secretario general de los socialistas va a la Asamblea de Extremadura», zanjó Gil Rosiña.