Sánchez tendrá que decidir si prohíbe los indultos antes de la sentencia del «procés»

El PSOE mantiene bloqueada desde febrero una enmienda en la comisión de Justicia para excluir de la medida de gracia a los condenados por rebelión. El PP forzará el debate en el Congreso para obligar a «mojarse» a los socialistas

El PSOE tendrá que fijar posición, como muy tarde antes de finales de noviembre, sobre su criterio respecto a un posible indulto para los presos independentistas. Hay plazo para prohibirlos por ley, hay iniciativa parlamentaria para tramitarlo y daría tiempo a que fuera efectiva esa prohibición antes de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo. Este martes llegará a la Mesa del Congreso la proposición de ley del PP para prohibirlos a condenados por sedición y rebelión. Una vez calificada y publicada, lo que estará resuelto en un par de días, el Gobierno tendrá que pronunciarse sobre su tramitación, y aunque hasta ahora ha hecho efectivo su oposición a abusar del criterio del veto, y aunque en este caso no puede alegar además que afecta al Presupuesto, sí tiene un plazo de un mes para emitir opinión.

En principio, salvo por voluntad de dilatar los plazos, lo lógico es que en el primer martes que el PP tenga cupo de iniciativas, que sería en la segunda semana de octubre, entre en el orden del día. Y a partir de ahí, el Gobierno tendrá que fijar posición ante el Pleno del Congreso en su toma en consideración, después de que desde febrero mantenga paralizada una enmienda popular en la comisión de Justicia, a otra proposición de ley del PSOE, y que ya plantea la prohibición de estos indultos para los líderes del «procés». Los socialistas tienen mayoría en esa comisión con el apoyo independentista, la misma que ha forzado la celeridad de la tramitación de la enmienda dirigida a conseguir que se levante el veto del Senado en materia de estabilidad presupuestaria. Condición clave para mantener la negociación sobre las cuentas de 2019.

Con este movimiento parlamentario, el PP obligará al PSOE a fijar posición sobre la reforma que permitiría prohibir por ley el indulto de los presos independentistas antes de que se dicte la sentencia del Supremo. Una reforma legal de este tipo puede estar aprobada, cumpliendo con todos los trámites necesarios, en menos de seis meses y sin necesidad de forzar la urgencia. Aunque el Ejecutivo tiene en su mano que esto pueda ser así y también la hipótesis contraria, simplemente dilatando el proceso igual que ha hecho con la enmienda que está ya en comisión. De una manera o de otra el PP hará que la presidenta de la comisión de Justicia, la socialista Isabel Rodríguez, deje de paralizar su enmienda para prohibir los indultos a los delitos de sedición o rebelión, o, en caso contrario, tendrá despejado el camino para poder golpear cada día al PSOE con la acusación de que tiene un pacto secreto con el independentismo sobre los presos del «procés». La pelota queda en el tejado del PSOE.

El Gobierno socialista ha empezado a hacer gestos que apuntan a una estrategia para intentar aplacar la presión independentista en vísperas del juicio con la insinuación de que puede haber alguna solución para los presos. El indulto es prácticamente la única baza que tienen para mantener el juego político y poder negociar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (2019), aunque la actual dirección independentista lo que está reclamando es que haya un cambio de criterio por parte de la Fiscalía para que no sean juzgados por rebelión, además de que se modifique su estatus de prisión preventiva. Esta estrategia del Gobierno se ha traducido en las últimas horas en polémicos pronunciamientos de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, o de la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una entrevista en «La Vanguardia». Y está sirviendo para dar munición al PP y a Ciudadanos (Cs), pero también para generar desconcierto en sectores socialistas donde se desconfía profundamente de sus resultados políticos y electorales.

Ayer, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, mostró su malestar por las recientes declaraciones de miembros del Gobierno . «Lo que está pasando en Cataluña no es que nos harte, es que clama al cielo. Si ayer la delegada del Gobierno pedía los indultos para los políticos presos y hoy la vicepresidenta está diciendo que llevan ya demasiado tiempo en la cárcel estos políticos, me pregunto, ¿qué va a pasar mañana, señor Sánchez, que va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla?».

La proposición de ley que llega esta semana al Congreso rompe la política del Gobierno de jugar con las declaraciones públicas y los guiños, sin «mojarse» parlamentariamente sobre el indulto antes de que se desarrolle el juicio en el TS. La previsión es que la sentencia se conozca como muy tarde en marzo.