Hasta 14.200 millones de euros por parte del Gobierno español hacia la industria de defensa. Ese es el foco que ha establecido estos últimos días el Ejecutivo para encontrar una solución lógica a un problema que estaba erosionando la confianza de aliados de larguísima data dentro de la OTAN.

Con el objetivo de alcanzar el compromiso de inversión en defensa del 2 % del PIB y, sobre todo, para conseguirlo en un tiempo récord antes de que acabe el año, España está movilizando sus recursos para poner punto y final a uno de los debates más intensos de la última década en esta materia.

El movimiento, sin lugar a dudas multimillonario, se va a canalizar en un 98 % a través de conglomerados clave como la sociedad pública Navantia, Indra y Airbus. Tres piedras angulares del «Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa» (PITSD) que tienen la intención de ejecutar un rearme masivo escapando de puntillas de la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado. El objetivo del Gobierno está claro: evitar el debate parlamentario y tener que alcanzar acuerdos con el resto de grupos del Legislativo en una cuestión de suma importancia.

La erosión del entorno de seguridad europeo ha situado la inversión militar en el centro de todas las agendas aliadas. Los supuestos drones espía de Rusia, las interferencias en el espacio aéreo colindante con sus fronteras occidentales y la enconada ofensiva en Ucrania han causado que las miradas suspicaces de todas las naciones de la OTAN comiencen a entender lo que las potencias de Europa oriental llevan décadas haciendo: la disuasión pasa por un rearme sostenido y con carácter tecnológicamente puntero.

Un plan con tres ejes

Los 14.200 millones se han lanzado como una partida doble, en los pasados meses de septiembre y octubre, y no constituyen una subvención, sino un préstamo especial al 0% de interés con condicionesextraordinariamente favorables, permitiendo que los créditos sean amortizados sin ninguna penalización y con una concesión directa debido a la propia naturaleza de los programas y empresas involucradas.

Esta jugada permite al Gobierno prefinanciar los «Programas Especiales de Modernización», de tal manera que parece un fomento de la investigación y el desarrollo del eje industrial, más que un aumento en la inversión militar. Los fondos se han asignado de forma muy concentrada en los tres pilares actuales sobre los que se mueve la modernización de las Fuerzas Armadas españolas.

Por un lado, el gigante naval público, Navantia, recibió una asignación de 2.292 millones de euros con el objetivo, sobre todo, de desarrollar un programa de modernización de las fragatas «F-100».

A esto habría que sumarle la construcción de un nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate («BAC II») y de un nuevo buque de inteligencia («BAM AGI») que permitan tener un control de los mares y océanos que rodean el país. Frente al encargado de modernizar la tecnología que surque los mares se encuentra la que lo hará con el aire. Airbus es la elegida, con casi 3.700 millones, con el objetivo de sustituir al veteranísimo avión «C-212», la creación de nuevos programas para el desarrollo de helicópteros y el impulso del futuro caza europeo. Este último, que es realmente un proyecto mucho más profundo, quiere crear el primer caza de sexta generación europeo y se encuentra en un punto muy sensible, ya que Francia quiere abandonar la iniciativa y desarrollar el suyo propio. En este marco tan complejo, España está arriesgándose a perder la oportunidad de hacerse con cazas embarcables de quinta generación al jugárselo todo por el caza europeo. En esta jugada, Airbus tiene un papel de especial importancia al encargarse de buena parte de la confección del mismo.

Finalmente, Indra sería la encargada de integrar el «sistema nervioso» de las Fuerzas Armadas. La modernización tecnológica, de redes y sensores es la clave de esta compañía, pero también la confección de nuevos productos, como es el caso del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC) en el que la empresa está invirtiendo buena parte de sus recursos.

Del 2% restante estarían presentes distintas partidas para empresas especializadas en nichos estratégicos que pueden garantizar la autonomía de España. Urovesa ha recibido 132 millones de euros para su Vehículo de Exploración y Reconocimiento («VERT»), mientras que Aertec ha recibido 178 millones para desarrollar tecnologías aéreas robóticas en un mundo en el que los drones se están convirtiendo en la herramienta hegemónica de la guerra moderna. Por último, la mayor beneficiada de esta partida sería Hisdesat para su programa de satélites «PAZ 2», que dará continuidad a todas las capacidades de observación terrestre por radar.

Este plan podría mitigar la erosión de la confianza de la OTAN, pero lo hace mediante una apuesta altamente concentrada. La inyección multimillonaria no debe leerse como una simple respuesta a la guerra de Ucrania, sino que trata de ser una maniobra pragmática que permita que España vuelva a tener cierta credibilidad de cara a sus aliados.

Credibilidad que, por otro lado, ha sido el propio Ejecutivo el que se ha encargado de erosionar con sus constantes reticencias para cumplir con un acuerdo que el resto ha aprobado.