"Caso Koldo"

Santos Cerdán reclama su libertad en el Supremo: su defensa denuncia que está siendo "vigilado" en prisión

Los abogados del exdirigente del PSOE aseguran que se están vulnerando sus derechos fundamentales, pero Anticorrupción insiste en que se mantiene el riesgo de destrucción de pruebas

El Congreso rechaza la petición de PP de negar el 'finiquito' a Santos Cerdán tras avalar los letrados que tiene derecho
Santos Cerdán se juega hoy en el Tribunal Supremo su libertad provisionalEuropa Press

La defensa de Santos Cerdán ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) que deje en libertad provisional al ex secretario de Organización del PSOE. En la vista celebrada con motivo de su recurso de apelación contra la orden de prisión acordada por el magistrado Leopoldo Puente, sus abogados han insistido en denunciar -según fuentes jurídicas- que se siente "vigilado" en la cárcel de Soto del Real (Madrid) y que la pretensión de la Unidad Central Operativa (UCO) de conocer la identidad de las personas que le visitan en el centro penitenciario vulnera sus derechos fundamentales.

Tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como la acusación popular, representada por el abogado del PP, Alberto Durán, han reiterado ante la Sala que existe riesgo de que Cerdán destruya pruebas si recupera la libertad, y de que intente presionar a testigos y a otros investigados.

Durante la vista, según esas mismas fuentes, los abogados de Santos Cerdán -Benet Salellas y Jacobo Teijelo- han puesto de relieve al tribunal lo que consideran una ausencia de indicios de criminalidad contra el ex "número tres" del PSOE. A lo que el abogado de la acusación ha replicado que esos indicios son tan sólidos que incluso su propio partido le pidió que abandonase la formación.

Se siente víctima de una "causa general"

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que Santos Cerdán salga de prisión al considerar que persiste el riesgo de que si recupera la libertad casi un mes después -se encuentra en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 30 de junio- pueda destruir pruebas. El temor de Anticorrupción es que el ex secretario de Organización del PSOE -investigado por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho- entorpezca así el desarrollo de la investigación.

En su recurso de apelación, Santos Cerdán negó que existen indicios sólidos de criminalidad contra él y se presentó como una víctima de una investigación "prospectiva" y de una "causa general". Según su defensa -que ejercen los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo- el juez Leopoldo Puente lo envió a prisión para forzarle a confesar, lo que calificaba de "tortura indagatoria".

Para el exdirigente socialista, "unos audios realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como coinvestigado" (en referencia a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos) "no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente" para acordar una prisión provisional "en un proceso penal democrático".

En la vistilla celebrada tras la declaración de Santos Cerdán en el Supremo, tras la cual el instructor acordó su prisión provisional, el fiscal jefe de Anticorrupción solicitó la medida al considerar "evidentes" los indicios contra él y hacer hincapié en que los delitos que se le imputan llevan aparejadas penas superiores a dos años de cárcel. Además, el representante del Ministerio Público señaló su papel de líder de la supuesta organización criminal que habría puesto en marcha en Navarra a partir de 2015 junto a Koldo García y que luego continuó en Madrid sumando a ese tándem a Ábalos.

De hecho, Anticorrupción puso de relieve la "enorme carga incriminatoria" contra Santos Cerdán de las grabaciones efectuadas por Koldo García entre 2018 y 2023. Frente a esos audios, las explicaciones de Santos Cerdán -que dice ser víctima de una persecución política por su papel activo en la negociación con el independentismo para que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy y garantizar la investidura de Pedro Sánchez- fueron consideradas "pobres" y "sesgadas" por la Fiscalía.