Sentencia sin conocer la «X»

A la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo, la sentencia de ayer pone punto final a siete años de instrucción del «caso Faisán» dando por supuesto un móvil político en el chivatazo de Enrique Pamiés y José María Ballesteros pero sin que durante la instrucción se haya sentado ningún político en el banquillo de los acusados. La sentencia queda por tanto «coja» al afirmar explícitamente que el soplo se efectuó para «no entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad terrorista» y, al mismo tiempo, no haberse llevado a cabo durante la instrucción los pasos necesarios para esclarecer qué cargos políticos estuvieron involucrados en la toma de una decisión que, en toda lógica, no pudo emanar de los dos mandos policiales condenados. Finalmente, el único político que declaró durante la instrucción fue Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE). La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, que intervinieron en el juicio como acusación particular, intentaron que declarara también, aunque como imputado, el entonces Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, pero la iniciativa chocó con la oposición de la Fiscalía, que compartieron tanto el juez Pablo Ruz como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El abogado que representó la acusación particular del PP en el juicio, Alexis Godoy, afirmó en su día que las decisiones que ejecutaron Pamiés y Ballesteros «sólo pueden ser adoptadas por las más altas instancias políticas», apuntando de esta manera no sólo a Antonio Camacho, sino al director general de la Policía cuando se produjo el chivatazo, Víctor García Hidalgo, y al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el mismo que dirigía el proceso de negociación con la banda terrorista ETA que motivó el soplo. Preguntado ayer por la Prensa, Rubalcaba indicó que no había leído la sentencia, pero que respetaba la decisión de la Audiencia Nacional. Por su parte, el secretario primero de la Mesa del Congreso, el popular Ignacio Gil Lázaro, considera que el fallo demuestra que el chivatazo «existió» y que, por tanto, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «mintió durante tres años y medio en el Parlamento». Además, reprochó al ahora líder del PSOE que, en lugar de dar explicaciones tras conocerse el fallo, haya preferido hacer «un paripé». En su opinión, «se equivoca» si cree que va a poder «eludir» este tema limitándose a mostrar su respeto por la Justicia.