Jueces y fiscales están hoy llamados a un paro en contra de las reformas del Gobierno para modificar el sistema de acceso a ambas carreras y dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas. Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, avisa de que ese cambio legal «debilita la separación de poderes».

Los paros en la judicatura son muy excepcionales. ¿Por qué es necesario parar ahora?

Porque la situación es excepcionalmente grave. Esta reforma no es una mejora técnica o puntual; es una alteración estructural del sistema judicial que compromete pilares esenciales del Estado de Derecho. Por eso, cinco de las siete asociaciones profesionales entendemos que es momento de alzar la voz, de manera unánime, en defensa de la independencia judicial y del derecho de la ciudadanía a una justicia imparcial, profesional e independiente. No hay motivaciones corporativas ni económicas: hay una alarma institucional.

¿Está en juego la independencia judicial y la calidad democrática del Estado de Derecho?

Sí, absolutamente. Esta reforma debilita la separación de poderes, favorece un acceso arbitrario a la carrera judicial, restringe la participación democrática de los jueces en órganos de gobierno y somete instituciones clave a criterios partidistas. Cuando la independencia judicial se erosiona, lo que está en riesgo no son los jueces, es la Justicia como garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía.

¿Hay un riesgo de control ideológico de las futuras generaciones de jueces?

Ese riesgo existe si se consolidan mecanismos de acceso controlados por el Ejecutivo. La creación de un centro de formación dependiente del Gobierno y la apertura de un «cuarto turno dopado», sin límites de plazas ni garantías de mérito y capacidad, dotándole de años ficticios de servicio para nombramientos discrecionales, son medidas que pueden utilizarse para generar una élite judicial afín. Eso compromete la neutralidad del Poder Judicial y rompe el principio de igualdad entre jueces.

¿Por qué se oponen a la estabilización de los jueces sustitutos?

Es una medida profundamente injusta para miles de opositores que sacrifican años de su vida sin remuneración alguna para acceder a la carrera judicial por vías legales: oposición libre o cuarto turno. Estabilizar a jueces sustitutos sin oposición vulnera los principios de mérito, capacidad e igualdad. Además, la Comisión Europea no ha exigido esa medida. Es una interpretación sesgada. Se ha diseñado un proceso de estabilización abierto que será un auténtico coladero.

"No hay motivaciones corporativas ni económicas: hay una alarma institucional"

Las trabas a la financiación privada de las asociaciones, ¿coartan su capacidad de actuación?

Sí, claro. Las asociaciones judiciales son garantes del pluralismo de la carrera judicial, de la libertad de expresión y de la defensa del Estado de Derecho. Limitar su financiación, sin aumentar las subvenciones públicas, es un modo de asfixiarlas. Es una estrategia peligrosa: debilitar la voz crítica de los jueces no fortalece las instituciones, las empobrece.

La separación del mandato del fiscal general de la legislatura para desvincularlo del Gobierno era una exigencia casi unánime de las asociaciones. ¿Por qué ahora la medida no convence?

Porque es una medida aislada que no garantiza una verdadera independencia. No se reforma el sistema de nombramiento ni se refuerzan los controles internos. Al contrario: el texto concentra más poder en el fiscal general, debilita el Consejo Fiscal –el único órgano con participación democrática dentro de la Fiscalía– y permite un reparto de casos sin criterios objetivos. Es una reforma que refuerza el control del Ejecutivo sobre la Fiscalía, no su autonomía.

¿La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal genera la suficiente confianza en la institución para dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales?

En absoluto. Para que eso fuera posible habría que garantizar primero la autonomía funcional y estructural de la Fiscalía, lo que exige una reforma profunda, incluso constitucional. La Fiscalía sigue dependiendo jerárquicamente del Ejecutivo y no ofrece garantías de imparcialidad necesarias para investigar. Tal y como está planteado, el anteproyecto incrementa los poderes del fiscal general sin crear contrapesos reales. Además, hay un contexto que no se puede ignorar: la tensión entre el poder político y el judicial. Dejar la instrucción en manos de los fiscales, en un momento de fuerte desconfianza ciudadana, no solo es inoportuno, es profundamente irresponsable.

¿Ve alguna relación entre esa reforma y las causas abiertas al entorno del presidente del Gobierno y al fiscal general?

Lo preocupante es, que en un contexto así, se impulse una reforma que permite una intervención más directa del Ejecutivo en el Poder Judicial. No podemos especular sobre intenciones, pero los tiempos y las formas generan una sospecha razonable. Precisamente por eso defendemos un modelo de instrucción independiente.

No descartan ir a la huelga. Hace dos años se llegó a convocar, pero finalmente no se hizo. ¿La situación ahora es más grave?

Mucho más grave. Entonces hablábamos de condiciones laborales; hoy hablamos de los cimientos institucionales de la justicia. Esta reforma afecta a la esencia del Poder Judicial, su independencia y legitimidad. Si la huelga está sobre la mesa, es porque sentimos el deber de defender no solo nuestros derechos profesionales, sino el derecho de los ciudadanos a una justicia libre de injerencias.

Justicia no parece dispuesta a alterar esas reformas. ¿Cuáles son las líneas rojas?

El respeto absoluto al principio de separación de poderes, el acceso igualitario a la judicatura, basado en los principios de mérito y capacidad, o la participación democrática en los órganos de gobierno del Poder Judicial. Y, al mismo tiempo, debe evitarse cualquier reforma de la Fiscalía que aumente el control jerárquico sin garantizar autonomía estructural y funcional, especialmente si se pretende que los fiscales asuman la instrucción.