«No ha sido una catástrofe natural, ha sido una catástrofe política»

Víctimas de la dana continuaron dando su testimonio ante la comisión de investigación del Congreso. Así, Elisabeth González Peralta, a quien la riada de Valencia del 29 de octubre de 2024 pilló en la circunvalación V30 y se salvó al poder encarmarse a un camión, proclamó que aquello «no fue una catástrofe natural», sino una «catástrofe política» porque los responsables «no estuvieron a la altura ni antes, ni durante, ni después» y el Estado de Derecho «no se aplicó».

Con esta contundencia se expresó ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la tragedia, donde denunció que fue testigo de cómo un coche de la Policía Local de Valencia que ella y las personas que se quedaron atrapadas en el mismo tramo de la V30 veían desde la carretera, «no se movió» para intentar auxiliarlas pese a lo cerca que estaban.

González Peralta relató cómo cuando llamó al 112 le contestaron que estaban colapsados y que no contaban con un «protocolo de emergencia a seguir» y que el agente de la Guardia Civil con el que logró hablar después le recriminó su tono y le informó que en ese momento no podían desplazar a nadie a esa zona.

Durante la madrugada del 30 de octubre dos bomberos que llegaron al camión les prometieron que iban a enviar dos lanchas que nunca llegaron y al final ella acabó tirándose al agua. «Vivimos el terror más absoluto, la desolación más absoluta sin saber si conseguiríamos salir con vida», rememoró.

«¿Alguien nos puede explicar por qué nadie nos avisó, ayudó ni auxilió? ¿Por qué nadie cruzó ese puesto cuando había personas en burbujas de aire? ¿Por qué cuando bajó el nivel del agua en Paiporta no fueron allí todos los efectivos que había en Valencia? Las 48 horas son vitales para salvar vidas», apostilló, incidiendo en que van a exigir responsabilidades por esa inacción.

A su juicio, lo único positivo de esta situación fue la actuación de las «buenas personas». «Pero en un país desarrollado la obligación es de las instituciones y vivimos en un Estado de Derecho que no se aplicó», se lamentó la compareciente.

Y también se mostró muy crítica con la actuación posterior de la clase política: «Mientras estábamos de barro hasta las rodillas, aquí se hablaba de presuntos casos de corrupción de Aldama, del novio de Ayuso... Algunos individuos indeseables venían a saquearnos a partir de las ocho de la tarde en manada a viviendas, locales y vehículos, y no había nadie. No han estado a la altura ni antes ni durante ni después. Fue lamentable lo que sucedió».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Manuel Christian Lesaec, culpó tanto al ya dimitido presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la «nefasta» gestión de la dana y ha denunciado la falta de coordinación entre ambos ejecutivos en los días posteriores a la riada y el «abandono» al que, como han denunciado otros comparecientes, fueron sometidos los vecinos de la zona en aquel momento.

Lesaec, que compareció ante la comisión de investigación del Congreso ataviado con una camiseta con la leyenda «229 fallecidos, 0 responsabilidad. Valencia no olvida», censuró la situación en la que se encontraban los barrancos de la zona y pidió no tener que volver a esperar «otros 30 años» para arreglar los desagües. «Es vital», dijo, porque lo ocurrido, en concreto, con el barranco del Poyo es un «cachondeo», enfatizó.

El compareciente censuró en varias ocasiones la falta de coordinación entre el Gobierno central y autonómico y, en concreto, cargó las tintas contra el presidente, Pedro Sánchez, por incumplir su promesa de que pondría a disposición de la Comunidad Valenciana «todos los medios necesarios para las áreas damnificadas». «No sabemos si Sánchez hizo la promesa y no era verdad, no sabemos si Mazón quiso o no esperar, pero entre unos y otros, la ayuda no llegó», dijo, antes de apuntar que se tendría que haber declarado el nivel 3 de emergencia y lamentar la «nefasta gestión» del líder del PSOE.