El "silencio miserable" de Marlaska ante las agresiones a policías y guardias civiles: "No puede quedar impune"

"Ya no hay día sin que un agente sea agredido, el principio de autoridad se ha perdido y el ministro Marlaska guarda un silencio miserable". Estas palabras de la asociación Una Policía para el siglo XXI reflejan el sentir de muchos agentes, policías y guardias civiles, que ven cómo las agresiones se multiplican ante la pasividad del Ejecutivo y, en concreto, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La última, de gran violencia, tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo en Chiclana de la Frontera. Un joven de 26 años y "fuera de sí", según los testigos, irrumpió en el cuartel de la Guardia Civil y atacó a los agentes que se encontraban allí. En total, ocho guardias resultaron heridos, algunos de gravedad.

La sensación de "impunidad" de los agresores hace que los ataques a policías y guardias civiles se hayan convertido en una práctica habitual, tal y como vienen denunciando los agentes desde hace meses. "Mientras los policías son apaleados en las calles, el gobierno busca votos entre los delincuentes y esto no va a acabar bien", señalan desde Una Policía para el siglo XXI.

Y no son los únicos en alzar la voz para denunciar esta grave situación. Porque el silencio del Ejecutivo va más allá de condenar este tipo de ataques, ya que se niega a reconocer a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. Así lo han apuntado asociaciones como Independientes de la Guardia Civil (IGC), JUCIL o AUGC, que insisten en que su profesión sea considerada de riesgo. Y es que no deja de ser "incomprensible" que mossos d'Esquadra, ertzainas o policías locales tengan este reconocimiento, mientras policías nacionales y guardias civiles, no.

"Se trata de una circunstancia por desgracia cada vez más habitual para los guardias civiles, por lo que nuestros servicios jurídicos se personarán en este caso como acusación particular para reclamar las mayores penas e indemnizaciones para el agresor", señalan desde JUCIL. A través de un comunicado, esta asociación denuncia "la falta de un protocolo claro" ante situaciones de "violencia inusitada" y solicitan a Interior pistolas táser, cámaras corporales y fundas antihurto para evitar agresiones como la vivida en Chiclana de la Frontera. "El compañero del golpe en la cabeza tiene siete puntos en la frente y heridas en la nariz. Otro compañero tiene la muñeca fracturada y otro un esguince en el tobillo de grado dos. Los demás sufren golpes de la defensa y luxaciones", explicaban desde la asociación.

"Estos trágicos sucesos ponen de manifiesto, una vez más, el inmenso riesgo al que nuestros guardias civiles se enfrentan día a día en el cumplimiento de su deber", insisten desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Asimismo, inciden en que "el principio de autoridad está debilitado", lo que provoca que las agresiones sobre los agentes aumenten cada año. "Es necesario reforzar ese principio y aumentar las penas contra las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", aseveran.

En definitiva, tal y como señalan desde Jusapol, la denuncia de los agentes es unánime: "Agredir a la policía en España no puede salir gratis, ni quedar impune. Reiteramos la exigencia de endurecer el código penal, recuperar el principio de autoridad y que se reconozca su profesión de riesgo y más protección, de lo contrario, saldremos a la calle"

Más de mil agresiones al mes

Las cifras no dejan lugar a dudas. En 2022 se alcanzó la cifra más alta de agresiones a policías y guardias civiles en España de los últimos quince años. Treinta y cinco al día; más de mil al mes. Así lo ha denunciado la Confederación Española de Policía (CEP), a través de su campaña "Tiene Delito", cuyo objetivo no es otro que dar a conocer esta realidad a la sociedad y reclamar medidas urgentes para reforzar la protección física y jurídica de los agentes frente la deriva de agresiones de los últimos tiempos.

"El principio de autoridad en este país se ha deteriorado hasta provocar que pegar a un policía salga gratis, porque quien lo hace sabe que el Código Penal es débil con los violentos y nadie pisa la cárcel", denunciaron desde ese sindicato durante la presentación de la campaña. "La impunidad es el motor que está impulsando este aumento preocupante de la violencia en las calles y el cuestionamiento de la autoridad de los policías, comprometiendo así la seguridad de todos", matizaban.

Por todo ello, entre otras medidas, exigen el endurecimiento del Código Penal, la eliminación de la suspensión de penas en los delitos de atentado, la desaparición de la expulsión del Cuerpo en el caso de condena por inhabilitación derivada de una intervención policial, la modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para evitar que su trabajo sea lo que ellos califican como un “gran hermano”, la activación del seguro de responsabilidad civil previsto en su normativa interna o la emisión de instrucciones claras a las Fiscalías para acusar en este tipo de delitos.