Guardias civiles a Marlaska: "Estamos hartos de agresiones"

“Estamos hartos de agresiones”. Guardias civiles se dirigen al Ministerio del Interior para que tome las medidas necesarias y “no queden impunes las agresiones que sufrimos como consecuencia de nuestra labor policial”. Entre otras medidas, piden que se les dé la condición de autoridad.

“Llevamos años exigiendo a Interior que dé un paso al frente y cambie nuestra consideración de agente de la autoridad judicial para sentirnos verdaderamente protegidos, pero hasta la fecha ningún ministro, de ningún gobierno, ha tenido a bien escuchar nuestra reclamación”, subraya la AEGC.

El elevado número de agresiones sufridas por los miembros de las FCSE en los últimos años avalan nuestra exigencia: sólo el pasado año se produjeron 35 agresiones al día, más de 1.000 al mes, 12.843 entre enero y diciembre, un 7’63% más que el año anterior (datos conseguidos por CEP) y este año, por las cifras que ya llevamos de agresiones los datos serán peores.

“Antes estas alarmantes cifras, volvemos a denunciar la falta de un protocolo de actuación ante las diferentes agresiones. Los agentes no podemos actuar de igual forma cuando somos agredidos por una persona o unas personas que se resisten violentamente siendo conscientes de sus actos o cuando el que nos agrede no se encuentra en plenitud de facultades mentales por el consumo de sustancias estupefacientes, alcohol o por tener mermadas sus facultades por enfermedad”, agregan.

“Los materiales, la fuerza empleada en una situación y en otra no son iguales, pero en los dos casos la integridad física del agente debe estar garantizada, algo que no ocurre en la actualidad. Lo hemos visto en la agresión sufrida por los guardias civiles en Asturias por un individuo con sus facultades mentales mermadas y también en Villena (Alicante) cuando un individuo, al que se procedía a detener por estar requisitoriado, mordió a un agente y otros resultaron con otras lesiones. En las dos actuaciones los agentes carecían de la protección y material necesario”.

Para nuestra “protección jurídica sería necesario que se nos reconociera la condición de autoridad; de esta manera, se evitaría que los agresores quedaran en libertad mientras los guardias civiles terminan en un hospital, como ha ocurrido con el agresor de Cangas de Onís. Protección jurídica para que cuando sea un extranjero el agresor se vaya del país sin ser juzgado”.