La Audiencia Nacional se prepara para rastrear los pagos en metálico del PSOE a la trama Koldo. A falta de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie sobre esta nueva línea de las pesquisas, los indicios advertidos en el duro auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, abocan a una investigación a fondo no solo de las partidas que percibió Koldo García en metálico, sino del sistema de pagos en Ferraz que se aplicó, como dijo el exgerente en su declaración, a "toda la Ejecutiva".

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN explican que el objetivo es esclarecer lo relativo al mecanismo que regulaba estas entregas y también al origen del dinero que nutría la caja del partido. Cabe recordar que la formación aportó "de motu propu" al Tribunal Supremo documentación que había omitido en los anteriores requerimientos del magistrado Leopoldo Puente, en la que determinó las partidas entregadas a los tres presuntos cabecillas de la red (José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán), así como la retirada de efectivo de las cuentas bancarias del partido para los pagos en metálico.

Al respecto desvelaron que entre el año 2017 (cuando Pedro Sánchez recuperó la secretaría general de partido) y 2024 retiraron 940.388 euros del banco,esto es, casi un millón de euros. Al hilo, de los documentos entregados al Supremo y que ahora investigará el magistrado Moreno se desprende que algunos de los abonos a Santos Cerdán superaron los 1.000 euros; límite máximo establecido por este Gobierno en la ley contra el fraude fiscal de julio de 2021. En concreto, consta como en septiembre de 2023, el entonces secretario de Organización, percibió 1.072 euros, mientras que en enero de 2024 ingresó 1.587 euros.

El mecanismo de los pagos

Ferraz desveló estos extremos a las puertas de la declaración en sede judicial del exgerente del partido Mariano Moreno Pavón y de la empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez. Para el instructor del caso Koldo estos testimonios, lejos de despejar las sospechas ya existentes sobre el metálico, las avivaron todavía más. Así pues, lo primero a indagar es la falta de concordancia entre las partida que el PSOE justificó como liquidación de gastos con el dinero que percibió Koldo, especialmente tras los descuadres detectados por la Guardia Civil en su último informe.

El Tribunal Supremo lo entiende como una presunta irregularidad que se debe abordar, máxime después de que ni José Luis Ábalos ni Koldo García se pronunciaran sobre ello en su última citación judicial. Los testigos, por su parte, refrendaron la versión del partido y explicaron que si esos montos no cuadran es porque el dinero en metálico no iba para los imputados, sino que respondía a gastos de la Secretaría de Organización que entonces controlaba el exministro valenciano.

Sin embargo estas explicaciones todavía propiciaron más confusión, ya que ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía Anticorrupción se explican el motivo por el cual el entonces asesor de Ábalos recogía unas partidas que no solo no le corresponden, sino que son ajenas a él, en tanto que no tiene un cargo orgánico en Ferraz. Del mismo modo, Puente reprochó a los testigos que entregaran el dinero a terceros (a veces la expareja o el hermano de Koldo y en otras, incluso, a un mensajero). Además, de sus mensajes se desprende que el dinero se llevaba directamente a la vivienda que ocupaba entonces Ábalos.

Responsables también de que lleguen a sus destinatarios

Preguntados por si se hacía la comprobación de que el efectivo llegaba a la Secretaría de Organización, los testigos negaron la mayor. Según precisó Moreno Pavón, los gastos tenían que venir visados por el secretario de Organización, mientras que Rodríguez dijo que, tras la firma de Ábalos o de Cerdán, se revisaban en Administración. Sin embargo, ellos no comprobaban que los tickets presentados (en su mayoría por dietas o kilometraje) fueran correctos.

Con ese caldo de cultivo, el magistrado apuntó el 31 de octubre a "la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas" que ahora se investigarán en la Audiencia Nacional por ser el órgano competente para ello. Ahora bien, Puente dejó claro que "la actividad" del PSOE no se halla inescindiblemente vinculada a los presuntos hechos delictivos que afloran en el caso Koldo.

No obstante, la investigación que ahora asume Ismael Moreno puede complicar el horizonte al penal al PSOE puesto que, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se va a revisar el sistema de pagos del partido entre 2017 y 2024, años en los que operó la presunta organización criminal. Ello implica que se va a analizar a fondo la mecánica de estos desembolsos para esclarecer los motivos de la ausencia de control con los pagos, la falta de información sobre los mismos o si el dinero llegaba finalmente a sus supuestos destinatarios.

Los testigos complican al PSOE

Por todo ello no se descarta que el magistrado acuerde nuevas citaciones que afecten a Ferraz, teniendo en cuenta, además, que entre los documentos que el Tribunal Supremo ha remitido a la Audiencia se encuentra la confesión de Carmen Pano, la empresaria que ha reiterado ante la Guardia Civil, en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional que llevó 90.000 euros en metálico al PSOE por orden de Víctor de Aldama en plena pandemia.

El propio empresario también expuso ante el juez en diciembre del año pasado que parte de las mordidas que se habría repartido la red fueron a parar al PSOE. Preguntado por la cuantía exacta expuso que entre 3,5 y 4 millones de euros, de acuerdo con lo que le dijo Koldo García. Precisamente, el magistrado Moreno acaba de citar a Aldama y a Koldo para los próximos 27 y 28 de noviembre, por un presunto tráfico de influencias con los contratos de mascarillas de la trama al gobierno canario de Ángel Víctor Torres. Resta por ver si el comisionista vuelve a apuntar en su nueva cita judicial a una presunta financiación irregular del PSOE.

Por su parte, el magistrado estudia ya la petición de las acusaciones populares del procedimiento de que se expulse al partido de la causa. Según exponen, con la apertura de estas diligencias, el partido puede pasar a ser afectado directo de la investigación, por lo que no podría seguir litigando como acusación popular.