La Audiencia cita a declarar a Aldama y a Koldo tras el informe de Canarias

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar a Víctor Aldama y a Koldo García los próximos 27 y 28 de noviembre tras incorporar el informe sobre la compra de mascarillas por parte del gobierno canario que presidía Ángel Víctor Torres. El juez actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción que apunta que ambos investigados podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias por los contratos de material sanitario.

En concreto, el fiscal Anticorrupción del caso, Luis Pastor, apela al último informe de la Guardia Civil en el marco del cual se apunta que Aldama habría abonado 10.000 euros mensuales al entonces asesor de José Luis Ábalos a cambio de abrir las puertas de la Administración a sus socios. La Unidad Central Operativa (UCO) expuso en su oficio que estos abonos del comisionista de la trama constituían "una suerte de nómina que permitía la obtención de favores" de Koldo García.

Al respecto, Anticorrupción en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, expone que en la confesión que prestó Aldama el pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional "reconoció en varias ocasiones" que observó como, en su presencia, el dinero que entregaba Koldo "se lo repartía con el propio José Luis Ábalos". "Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022. Cabe recordar que, para esa fecha, tanto Ábalos como Koldo llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del Ministerio de Transportes, tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021", reza el fiscal.

"Asegurar su capacidad de influencia"

"Por todo lo expuesto, la finalidad de este informe es exponer, y ahondar nuevamente, en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que se investiga, donde Koldo, merced a la retribución mensual en efectivo que percibía de Víctor de Aldama, asumía como propios los intereses de éste para la consecución de sus distintos negocios", expone el fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda que el conocido como "caso Koldo" nació a tenor de las presuntas irregularidades con los contratos de mascarillas y que el procedimiento, aunque derivó en un primer momento a la Fiscalía Europea lo relativo a las adjudicaciones de Canarias y Baleares, finalmente las recuperó por orden del Tribunal Supremo. De hecho, el magistrado Moreno encargó a la Guardia Civil un informe sobre las licitaciones en ambos gobiernos autonómicos tras recuperar la competencia de esta parte de la instrucción.

En ese sentido, Moreno encargó sendos informes de la compra de material sanitario por parte del gobierno de Baleares y Canarias. La UCO presentó hace apenas unos días sus conclusiones sobre este último. Al respecto apuntó, por un lado, a los contratos de mascarillas con Soluciones de Gestión por 13 millones de euros y, de otro, a los adjudicados a Eurofins Megalab a finales de 2020 y principios de 2021 para la compra de test de antígenos. En ambos casos Koldo García medió para conseguir que se formalizaran. Aldama, que estaba detrás de ambos pelotazos, le habría abonado una cuota fija de 10.000 euros al mes para conseguir sacarlos adelante "y hasta "para tener acceso al ministro".

La implicación de Ángel Víctor Torres

De los nuevos mensajes analizados por los agentes se desprende que Ángel Víctor Torres se implicó personalmente en los dos procesos. En lo que respecta al contrato de mascarillas, el actual ministro de Política Territorial constan mensajes intercambiados con el entonces asesor de Ábalos en los que se compromete a sacar adelante las adjudicaciones millonarias pese a las dudas que entonces mostraba su equipo de Gobierno. En los correos interceptados, los funcionarios del Servicio Canario de la Salud advirtieron cómo apenas contaban con información de la empresa como para adjudicarle unos contratos de este calibre a la par que lamentaron que no se optara por opciones "más baratas".

Del mismo modo, desde la Dirección General de Recursos Económicos se realizaron dos consultas cuando se les pidió que crearan un pedido con la factura proforma del primer encargo de mascarillas. "Vale, pero por qué nos salimos del circuito. No es más lógico el control por quién lo va a pagar?", reza uno de los correos analizados por los investigadores. Incluso llegaron a paralizar los abonos a esta firma aragonesa al detectar que parte de la partida de cubrebocas recibida había salido defectuosa.

Pese a ello, Torres maniobró para que saliera adelante el contrato ante la insistencia de Koldo. "He estado encima de la factura y hoy te daré toda la información. Mañana te veo en Madrid" le dijo el entonces máximo responsable del gobierno canario. Además, también le reconoció que las pegas que se ponían a la firma de este contrato respondían a un problema de "comprobación". "Pero déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", le llegó a decir.

Tres Ministerios salpicados

Dinámica similar se siguió en relación con el segundo de los contratos, que se firmó en fase de desescalada para comprar test de antígenos para los aeropuertos. Los mensajes interceptados a Koldo constatan que la trama tuvo problemas también para conseguir el aval del Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa. "Hola. Me pide Illa una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora pero si no se resuelve tendrá que intervenir Abalos o Pedro", le dijo Torres a Koldo.

Con todo, además, de Sanidad, implicó a Transportes y también al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. "Se me olvidó decirte que la ministra de Trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas en Canarias", le dijo Ábalos a su entonces mano derecha, quien le respondió que estaba al tanto de la gestión. Con todo, y en lo relativo a la reunión entre Sánchez, Illa y Ábalos, la UCO no concreta si se llegó a celebrar, pero sí constata que, tras la fecha en la que estaba prevista, se desbloqueó lo relativo al contrato de Canarias con la empresa de Aldama.