El "solo sí es sí" y la ley de vivienda, los últimos retos PSOE-Podemos

El parón político por la Semana Santa no ha servido para acercar posturas. PSOE y Unidas Podemos retomarán esta semana la agenda legislativa en el mismo punto que la dejaron. Sin acuerdo a la vista para los grandes asuntos que dividen a los partidos que conforman la coalición y que deben ver la luz en este mismo mes.

La reforma de la ley del «solo sí es sí» y la aprobación definitiva de la ley de vivienda son los grandes retos que debe superar el Ejecutivo y que resultarán imprescindibles para analizar la fotografía final de la salud del Gobierno. El tiempo juega a la contra, y en la recta final de la legislatura, PSOE y Unidas Podemos se enfrentan a sus últimos choques, a las últimas batallas políticas antes de que en los cuarteles generales de cada partido ultimen sus estrategias electorales de cara a las elecciones autonómicas y, como colofón, las generales.

Ambas leyes han causado grandes fricciones dentro del Gobierno de coalición desde su inicio y son la espina que se les atraviesa a ambos partidos y que, electoralmente menos les favorece. La ley del «sólo sí es sí» lleva seis meses en vigor y, desde entonces, más de 755 agresores han visto reducidas sus condenas. En febrero, el PSOE tomó la determinación de reformarla en solitario tras la negativa del Ministerio de Igualdad a «tocar el consentimiento». Durante el mes de marzo, la coalición no ha logrado llegar a un acuerdo para su reforma y los socialistas están dispuestos a corregir la norma apoyándose en el PP. Aunque en un intento de reconducir las negociaciones con Podemos y los principales socios de investidura, el PSOE ha permitido que se prolongue el periodo de enmiendas a su propuesta de reforma en dos ocasiones.

Este lunes vence el plazo final acordado por la mesa del Congreso para registrar enmiendas. ERC y Bildu han sido los partidos que han presentado condiciones al texto de los socialistas para apoyarlos y que no dependan únicamente del PP; hasta 21 enmiendas. Dos de ellas pretenden suprimir el núcleo de la propuesta del PSOE, que es el endurecimiento de las penas a los agresores sexuales a través de los artículos 178 y 179 del Código Penal. Los socialistas plantean elevar el castigo cuando se produce una agresión con o sin penetración si hay «violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad». En cambio, los republicanos y los abertzales plantean que la violencia sea solo agravante (artículo 180) y, además, tratan de blindar con otra enmienda el «consentimiento. El PSOE deberá despejar la incógnita sobre si introduce los cambios de sus socios o los rechaza y sigue adelante con su reforma, lo cuál arrojará la foto, otra vez más, de la división en la coalición y con los socios. Podemos ha reconocido su «sintonía» con las enmiendas de sus socios y ha elevado la presión sobre el PSOE. Ahora la pelota está en el tejado del PSOE, que tiene que decidir si quiere darse la mano de nuevo con el PP para volver al Código Penal de la manada o si quieren llevar adelante un acuerdo, una solución, que es lo que nosotras queremos, con la mayoría progresista de la investidura», en palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Si nada cambia, y el PSOE continúa su hoja de ruta, la reforma de la Ley de Libertad Sexual se aprobará el próximo 20 de abril en el Congreso y la semana siguiente recibirá el plácet del Senado.

La otra ley que más veces ha puesto en jaque la unión de la coalición es la de vivienda. Es la más longeva en la legislatura y ha centralizado todos los acuerdos de presupuestos, como condición clave para que los morados los apoyaran. El Ejecutivo se dio un ultimátum para que fuese aprobada antes de finalizar el mes de marzo. Fuentes gubernamentales aseguran que el pacto con Podemos estaba prácticamente cerrado, pero los morados lo desmienten. El punto de máximo desacuerdo son los desahucios sin alternativas habitacionales y el índice que regula la subida interanual del mercado de la vivienda. La ley de vivienda es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de coalición y los morados presionan al PSOE con la medida como condición para revalidar La Moncloa tras las elecciones generales. «Es posible revalidar el Gobierno de coalición pero lo vamos a hacer si cumplimos con lo que nos comprometimos con la ciudadanía de nuestro país», avisaba esta semana la portavoz del partido Isa Serra.

A ambos partidos les interesa mucho esta ley con el objetivo de que puedan utilizar electoralmente la ley de cara al 28-M. La intención es reactivar la tramitación en este mes, pero, por los plazos, la norma no estaría aprobada de manera definitiva en el Senado antes de las elecciones autonómicas.