El Supremo avanza en el juicio a García Ortiz con la designación de los siete magistrados del tribunal

El Tribunal Supremo ha designado a los siete magistrados que juzgarán por revelación de secretos, en una fecha aún por determinar, al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de datos reservados de la investigación por fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Al frente de la Sala estará el actual presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta. El tribunal estará integrado además por los magistrados Manuel Marchena, que presidió el juicio del "procés" y anterior presidente de la Sala Penal; Ana Ferrer, quien también formó parte del tribunal del "procés" y cuya candidatura al puesto que ahora ocupa Martínez Arrieta defendió hasta el último momento el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Carmen Lamela, exmagistrada de la Audiencia Nacional que instruyó en primer lugar la causa contra los líderes del desafío en Cataluña; Susana Polo; Antonio del Moral, integrante asimismo del tribunal del "procés", y Juan Ramón Berdugo.

En una providencia, Martínez Arrieta acuerda que "una vez finalizada la fase de instrucción" -el magistrado Ángel Hurtado abrió juicio oral a Álvaro García Ortiz el pasado día 9- el tribunal encargado del enjuiciamiento esté compuesto por los integrantes de la Sala de admisión más el propio presidente de la Sala Penal y la magistrada Ana Ferrer, "a quien por turno le corresponde".

Como pronto, en noviembre

El magistrado recuerda que conforme a las normas de reparto que rigen en la Sala para causas especiales el tribunal "resolverá sobre su admisión a trámite y, en su caso, las enjuiciará, estando formado por el presidente de la Sala y dos o cuatro magistrados, según los casos".

Además, señala que estos magistrados "serán nombrados por un periodo de cuatro meses siguiendo un doble turno: uno o dos, en su caso, por turno de antigüedad –de mayor a menor– y el otro o los otros dos, por turno de menor a mayor antigüedad".

Por último, se remite al artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que "para dictar autos en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo bastarán tres magistrados y para el dictado de sentencias serán necesarios siete, salvo que la Ley disponga otra cosa". En este caso, al tener que dictar sentencia sobre si García Ortiz cometió o no los delitos de los que le acusa la acción popular y la acusación particular que ejerce la defensa de González Amador (dado que la Fiscalía pide su absolución), el tribunal que juzgará por primera vez a un fiscal general del Estado en la historia de la institución, estará compuesto por siete jueces.

Previsiblemente el juicio no se celebrará como pronto hasta el próximo mes de noviembre.

El instructor aprecia "sólidos" indicios

En el auto de apertura de juicio oral, el instructor incide en la "solidez" de los indicios contra García Ortiz, quien pide su absolución al negar que filtrara el correo en el que González Amador admitía el fraude fiscal y asegura que actuó en defensa de la Fiscalía ante una campaña "orquestada" desde la Comunidad de Madrid. Pero para Hurtado todo apunta a que "en su condición de fiscal general del Estado" reveló "secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo".

Ese correo, sostiene el magistrado del Tribunal Supremo en esa resolución, incluía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso". Una información, acentuaba, sujeta a principios de "reserva y confidencialidad" por parte de la Fiscalía y a un inherente "deber de discreción" que impedía "divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación".

Más allá del impacto en la reputación de González Amador, Hurtado considera que la supuesta filtración "pone en cuestión el prestigio de la institución", teniendo en cuenta "el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal" y su sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, "que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado".