"Tito Berni" reclama a la jueza que multiplique por 18 la fianza a las acusaciones populares

El exdiputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo, "Tito Berni", imputado en el "caso Mediador", quiere que la jueza que investiga la supuesta trama corrupta imponga a cada una de las seis acusaciones populares -PSOE, PP, Vox, Fuerza Canaria, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Aguaiuris, asociación de usuarios y consumidores de agua- una fianza de 6.000 euros (36.000 euros en total) para que puedan ejercer la acusación, en lugar de los 2.000 euros que, de forma conjunta, fijó la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres el pasado 21 de marzo.

En un escrito del pasado día 11 al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de Fuentes Curbelo -investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, blanqueo, y pertenencia a grupo organizado- solicita a la instructora que se pronuncie sobre la medida solicitada en primera instancia el 4 de abril y a la que, se queja, la magistrada no dio respuesta en la resolución en la que, ese mismo día, resolvió los recursos de reforma y ratificó su decisión de que las seis acusaciones populares actúen en el proceso bajo de forma unificada y bajo una misma representación letrada tras depositar 2.000 euros de fianza entre todas ellas.

"No es que no se hayan resuelto esas pretensiones -denuncia-, lo cual supone una incongruencia omisiva" que entiende contraria al artículo 120.3 de la Constitución (que impone la motivación de las sentencias). "Es que ni tan siquiera se menciona que se realizaron alegaciones en tiempo y forma", se queja, lo que según asegura acarrea "una evidente ausencia de tutela judicial efectiva".

El PP quiere reducirla a 400 euros como máximo

Aunque varias acusaciones insisten en que no tienen el deber de prestar una fianza puesto que el procedimiento ya estaba en marcha cuando solicitaron personarse como acusaciones populares, Lorenzo-Cáceres determinó que "no es viable jurídicamente" eximirles del mismo "aunque se haya iniciado el proceso". Y dejó claro que "hasta que no fija y se presta la fianza no se han cumplido los requisitos para ser parte y, por lo tanto, la acusación popular no puede intervenir en las diligencias" (el pasado día 13, sin ir más lejos, las seis acciones populares no estuvieron presentes en los interrogatorios como testigos de la examante del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único imputado en prisión provisional, y un empresario).

La defensa de "Tito Berni" remite incluso al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en apoyo de sus pretensiones, un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que, estimando un recurso del propio letrado en otra causa, imponía "una fianza de 3.000 euros al Partido Popular".

En sus alegaciones a la decisión de la jueza de obligar a las acusaciones populares a actuar de forma conjunta y por medio de un único abogado, el PP solicitaba a la magistrada que, si le permite acusar de forma autónoma, la fianza a imponerle "no debiera exceder la suma de 400 euros" teniendo en cuenta, recalca, que Lorenzo-Cáceres impuso esos 2.000 euros de forma conjunta a las seis (los populares dividen esa cantidad entre cinco puesto que consideran que el PSOE no debe ejercer la acusación porque asegura que está afectado por los hechos investigados).

La instructora optó por imponer a las acusaciones que actúen todas bajo un mismo paraguas y no de forma individual para evitar la "hipertrofia acusatoria" y evitar así una "paralización y retraso innecesario en la tramitación". Según defendió, puesto que las acusaciones públicas "no son ofendidas por el delito, no pueden tener en el proceso penal un interés diferente al representado por el Ministerio Fiscal".