El examen de la Justicia europea a la Ley de Amnistía sembró ayer más dudas sobre la polémica norma. La vista celebrada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) evidenció no solo las incertidumbres que plantea la ley a la Corte de Luxemburgo –a tenor de las preguntas formuladas por algunos de sus magistrados, entre ellos su propio presidente, Koen Lenaerts, y el ponente de la resolución, el abogado general Dean Spielmann–, sino que puso sobre la mesa los explícitos reparos de la Comisión Europea, que adivina tras la medida de gracia una autoamnistía para «blindar» a los socios independentistas de Pedro Sánchez a cambio de los votos necesarios para su investidura. Hasta el punto de considerar que «no es compatible» con los valores de la Unión Europea.

Pero Bruselas –que no obstante no ve afectados los intereses financieros de la UE– fue más allá y también dejó un mensaje para el Tribunal Constitucional (TC), desmarcándose de su silencio sobre las motivaciones para aprobar la ley al circunscribirlas al terreno político. «Ese no es el criterio interpretativo de la Comisión», dejó claro su representante, que enfatizó la importancia del «contexto» para evaluar el necesario interés general. Y ese contexto, recordó, dibuja un escenario en el que «quien está en el poder nunca contempló la amnistía hasta que necesitó el apoyo político» y en el cual pese a invocarse la reconciliación como objetivo «la ley ha conseguido justo lo contrario», ahondar en la fractura de la convivencia. En el que la respuesta al llamamiento al diálogo de la Comisión de Venecia, en fin, se topó con la realidad de que la ley «se aprobó por la vía de urgencia».

Más de ocho horas de debate

Tras la maniobra del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para que el tribunal de los ERE no acudiera a Europa –algo que finalmente ayer consumó– tras anular las condenas por el millonario fraude, el TJUE quiso dejar fuera de toda duda que un tribunal nacional de un estado miembro puede acudir a la corte de Luxemburgo incluso una vez el TC se haya pronunciado sobre un asunto. El vicepresidente del tribunal europeo fue explícito al respecto al preguntarle a la abogada del Estado directamente si esa cuestión prejudicial puede plantearse con posterioridad. «¿Afirmativo?», zanjó el asunto. «Sí», admitió la representante de los Servicios Jurídicos del Estado.

Durante más de ocho horas, los 15 integrantes del TJUE escucharon los argumentos de unos y otros. Por un lado, y «de la mano» (como se encargó de acentuar el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye), los postulados del Gobierno –representado por la Abogacía del Estado, a cuya representante pusieron en apuros las preguntas de algún magistrado sobre ese terrorismo de baja intensidad que la ley ampara–, la Fiscalía y las defensas de los encausados (35 exaltos cargos de la Generalitat señalados por el desvío de más de tres millones de euros para financiar el «procés» y doce exintegrantes de los Comités de Defensa de la República procesados por terrorismo). Por otro, las acusaciones que ejercen en uno y otro procedimiento Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), respectivamente.

Pero en medio de ese cruce de posiciones irreconciliables, emergió –pese a los meandros semánticos de su representante– el cuestionamiento de la Ley de Amnistía por parte de la Comisión Europea. Sobre todo por ese intercambio de votos por impunidad que adivina en el trasfondo de la medida de gracia, pero también por la imprecisión de su ámbito de aplicación y su extensión temporal –doce años, una «duración tan larga» que llamó la atención del vicepresidente del TJUE, el magistrado alemán Thomas von Danwitz–. Una «vaguedad» que según se encargó de recordar Carlos Urraca, representante de la Comisión Europea, obliga a reforzar aún más el interés general que debe impulsar una ley de estas características. Pero lejos de esa impresión, Bruselas expresó que «tiene muchas dudas de que esta amnistía esté justificada por el interés general».

El amparo al terrorismo, cuestionado

Y no solo eso. Aunque admite que el terrorismo se puede amnistiar, también puso contra las cuerdas el amparo que brinda la ley a los delitos de terrorismo por los que están procesados los CDR a riesgo de vaciar parte de los efectos de la Directiva comunitaria de 2017 paradigma de la lucha contra el terrorismo de los países de la UE.

Esas dudas calaron en el TJUE, a juzgar por las preguntas efectuadas por algún magistrado tanto a la abogada del Estado ante el tribunal, Andrea Gavela, como a la Comisión Europea, sin duda la parte más dinámica e ilustrativa (permite atisbar por dónde van las inquietudes del TJUE) de una jornada pródiga en la reiteración de argumentos.

Lenaerts se encargó de centrar la cuestión al recordar que el «conflicto» reside –en lo que respecta al terrorismo– en pronunciarse sobre una ley «que posiblemente cambie la trasposición de la directiva» europea sobre terrorismo («no estoy prejuzgando», puntualizó enseguida para no dar pistas). Pero la cuestión de si «el Código Penal español ha sido desactivado por la Ley de Amnistía» ya había quedado perfectamente definida.

Gobierno, Fiscalía y Puigdemont, "de la mano"

La vista evidenció la confluencia de argumentos de las defensas tanto con la Fiscalía como con el Gobierno (representado en el pleito por la Abogacía del Estado). Todos reiteraron que no se trata de una autoamnistía y no vulnera el principio de igualdad porque no se amnistía solo a políticos independentistas, sino también a policías (73 según la Fiscalía).

El abogado de Puigdemont defendió que la Ley de Amnistía "no es una amenaza para Europa" sino "una promesa hecha ley" y negó que abone la impunidad. Su objetivo, recalcó Boye al tribunal, es "pacificar un conflicto" y "no perdonar delitos, sino reparar fracturas". "Aquí no ha habido crímenes de ningún tipo. Solo hubo urnas".

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, puso de relevancia que los líderes del «procés», tal y como recoge la sentencia del Tribunal Supremo, «siempre fueron conscientes de que resultaba inviable la independencia de Cataluña». «No se vieron afectados los fondos de la UE, ni siquiera fondos españoles», dijo.

En este sentido, la abogada del Estado replicó también al Supremo: la independencia fue «una ensoñación» que no puso en peligro la caja común comunitaria.

Entre los defensores de la ley, se escuchó mucho hablar de «reconciliación nacional». Por ejemplo, por boca de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, quien defendió que ese es el objetivo de la norma «a través de la normalización institucional, social y política en Cataluña».

La fiscal recalcó que la amnistía está admitida «en la mayor parte de los países de la Unión», defendió su tramitación y trasladó al TJUE que no hay riesgo de que la ley se aplique a más procedimientos terroristas.

Sociedad Civil Catalana: "Una autoamnistía a cambio de votos"

El abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, denunció en su intervención la «desigualdad ante la ley» que supone la aplicación de la amnistía, que según puso de relieve «erosiona la confianza legítima de los ciudadanos» en la Justicia y «pone en riesgo» la efectividad del Derecho europeo.

El letrado hizo hincapié en que en realidad se trata de «una autoamnistía concebida fuera del Parlamento», fruto de «un pacto político» entre el Gobierno de España y los partidos independentistas. que culminó en el acuerdo entre «entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán» a cambio de los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, su compañero Mario de Diego alertó de que la ley supone un «riesgo de impunidad sistémica» porque «compromete la lucha contra la corrupción y el fraude» a la que obliga la UE.

Fuster Fabra: "Me da pánico el antecedente que pueda suponer esta sentencia"

«Me da pánico el antecedente que pueda suponer esta sentencia para el futuro de Europa», terminó su alegato al tribunal el abogado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), José María Fuster Fabra. El letrado trasladó a los magistrados que «el terrorismo no se puede amnistiar» y aseguró que los hechos por los que están acusados los exintegrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) «están incluidos» en la Directiva europea de 2017 de lucha contra el terrorismo. Fuster Fabra insistió en que no se puede amnistiar el terrorismo, como hace la ley, cuando no implica graves violaciones de derechos humanos. «Todo terrorismo es contrario a los derechos humanos», insistió el abogado, que se quejó de que la norma vulnera el principio de igualdad y que el Gobierno la aprobó «en interés propio».