Un ciudadano anónimo ha hecho una solicitud al Ministerio del Interior, a través del portal de transparencia, para acceder a varios informes clave sobre dos sucesos trágicos en los que fallecieron guardias civiles: en concreto, el caso de Barbate, donde las narcolanchas asesinaron a dos agentes; y otro caso en la AP-4, donde un camión arrolló a un agente mientras prestaba servicio. El ciudadano reclama los informes que ha elaborado el Ministerio del Interior en materia de prevención de riesgos laborales vinculados a estos dos sucesos. Sin embargo, el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska se niega a entregarlos bajo el argumento de que los documentos forman parte de las diligencias judiciales y su publicación debe ser autorizada por las autoridades competentes. Es más, el Ministerio del Interior derivó al solicitante al juez instructor para acceder a estos documentos. Los argumentos que da el Gobierno se han topado con el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que los ha desestimado por considerarlos «genéricos», «no fundamentados en el caso concreto» y «contrarios a los principios de interpretación restrictiva de los límites al derecho de acceso a la información pública» que establece la legislación. Es más, el propio Consejo de Transparencia ya ha recordado que la «judicialización» de unos hechos «no impide» el acceso a documentación administrativa y, menos aún, si no «concurre una causa legal debidamente motivada que justifique su ocultación».

Así queda recogido en unas preguntas parlamentarias por escrito que ha hecho el PP al Gobierno y a las que ha tenido acceso LA RAZÓN. Son nueve las cuestiones relacionadas con este asunto que buscan dar con los informes elaborados por el Ministerio del Interior y que pueden ser claves para explicar las razones de las muertes de tres guardias civiles. Sobre todo, en el caso de Barbate, donde las sospechas por la falta de medidas preventivas por parte de Interior están en la base de las causas del suceso.

El PP pregunta qué motiva al Gobierno a rechazar la entrega de los informes dando argumentos que la «jurisprudencia» y el propio Consejo de Transparencia ya han rebatido. También quiere saber qué «mensaje» transmite el Gobierno al recurrir la resolución del Consejo de Transparencia que ordenaba publicar esos informes o por qué deriva al propio solicitante de los documentos directamente a la Justicia. «¿Por qué razón el Gobierno sique aplicando de forma abusiva y extensiva los límites legales para impedir el acceso a información de interés público, incluso después de que el Consejo de Transparencia haya instado expresamente su entrega?», es otra de las preguntas que el PP registró en el Congreso.

En este sentido, entre las alegaciones del Gobierno se encuentra aducir que «los informes solicitados eran documentos auxiliares sin valor decisorio» o ha llegado a invocar incluso la Ley de secretos oficiales para negarse a entregar los citados informes elaborados por el Ministerio del Interior y que pueden ser comprometedores.