Un juez imputa a Cristóbal Montoro por crear desde el Gobierno una "red de influencias" a cambio de "importantes pagos"

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha citado como investigado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a personas de su equipo de gobierno por usar presuntamente sus influencias en el Ejecutivo para beneficiar a los clientes de su despacho Equipo Económico. El juez, que ha levantado el secreto de sumario tras años de investigación, les imputa un total de siete delitos.

En su auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, explica que ahora dirige el procedimiento contra todos los investigados por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Según indica, el resultado de las diligencias practicadas pone de manifiesto la existencia de una organización que en la que "habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".

El juez, que adelanta en este auto que los ahora imputados serán citados a declarar próximamente, explica que esta causa nació como consecuencia del hallazgo "casual" de un correo electrónico en el seno de una investigación que arrancó en 2017 en la que se habría puesto de manifiesto que Equipo Económico -consultora que fundó Montoro en 2006- habría recibido pagos a cambio de influir en cambios legislativos favorables para beneficiar a empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

"Montoro ejerció las más altas funciones"

"A cambio de importantes pagos y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes quienes, con anterioridad, y a pesar de haberlo intentado, no han podido obtener las reformas pretendidas", reza el auto del instructor.

Por estos hechos, el juez imputa a 28 personas, entre las que se encuentran miembros de su núcleo duro en el Ministerio de Hacienda. Destacan el que fuera el que fuera secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré; la subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos también nombrada por Montoro, Pilar Platero; el ex subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico; el que fuera director general de Tributos, Diego Martín-Abril Calvo; su sustituto en el cargo José Alberto García Valera; el asesor del entonces ministro, Rogelio Menéndez; su director de gabinete, José María Buenaventura Zabala; o el ex director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez.

Del mismo modo, imputa también a miembros de Equipo Económico (antes Montoro Asociados) y a seis empresas como personas jurídicas. Se trata de las mercantiles Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nipon Gases), Carburos Metálicos y Afgim. A estas firmas ( y a sus representantes legales) les atribuye el presunto pago de importantes cuantías al equipo del exministro Montoro a cambio de que éste influyera en los cambios legislativos reclamados.

Modificación de la Ley de Presupuestos de 2018

De Montoro, el juez dice que "ejerció las más altas funciones y competencias decisivas" en los años en los que se tramitaron las normas que les afectaban. Además, expone que utilizó sus potestades dentro del Ministerio de Hacienda para beneficiar a su despacho "en menoscabo del sector público". "Se ha constatado que el investigado ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos se redactasen a demanda"; dice.

El juez explica que los correos intervenidos en la causa evidencian como la presunta "organización" logró modificar con estas prácticas la Ley y el Reglamento de Impuestos Especiales (IIEE) para que los mismos incluyeran las pretensiones de las empresas gasistas. De hecho, el juez sostiene que el que fuera director general de Tributos, Diego Martín-Abril, propició reuniones con altos cargos de este ente y de la Agencia Tributaria.

En las mismas se habría logrado que el Real Decreto que modificó el Reglamento del IIEE no exigiera la aportación de registros que permitieran controlar si las gasísticas cumplían o no con el requisito legal que obligaba a que los costes de la electricidad superaran el 50% de la producción. Del mismo modo también consiguieron incluir modificaciones en la Ley de Presupuestos de 2018 ya bajo el mandato de García Valera al frente de la Dirección General de Tributos.

"La vía más directa es pagar a este EE"

Los investigadores habrían constatado que las empresas del sector acudieron al "lobby" de Montoro tras sus intentos fallidos con la Administración de conseguir una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Al respecto han sido determinantes los correos incautados durante la investigación en los que los ahora imputados reconocen que el despacho de Montoro no era un simple gabinete económico.

"La vía más directa, como siempre, es pagar a este EE (Equipo Económico) que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro", reza uno de los mails". El juez expone que los pagos de estas mercantiles ponen de manifiesto la "intencionalidad para aprobar una modificación ad hoc" de manera que se beneficiasen "exclusivamente" las gasísticas y se quedaran fuera otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar de 50% de los costes de producción.