Tres juezas para el caso que «reventó» Cataluña

Una magistrada en comisión de servicios se encuentra al frente del juzgado, ya que su titular está de baja. Su sustituta fue una de las firmantes del manifiesto contra el indulto a cuatro mossos

El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona es quien debe instruir la denuncia presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias contra el ex presidente de la generalitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, y quien decida si se realizan las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, consistente en cursar comisiones rogatorias a Suiza y Andorras tendentes a esclarecer las cuentas bancarias que puedan tener en esos países, así como las de reclamar las declaraciones de IRPF y patrimonio.

Sin embargo, este juzgado no vive una situación «normal», aunque en ningún caso permanece paralizado, ni mucho menos. Su titular, Beatriz María Balfagón Santolaria, se encuentra actualmente de baja.

Ante esa circunstancia, el Consejo General del Poder Judicial decidió ya en 2013 nombrar a la magistrada Zita Hernández Larrañaga, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de L'Hospitalet de Llobegrat, en comisión de servicios con relevación de funciones. Esta medida fue prorrogada por otros seis meses la Comisión Permente del CGPJ el pasado 26 de abril, por lo que, en principio, permanecerá al frente del juzgado hasta principos de octubre. A partir de ahí, estará en función de si la titular se reincorpora a su destino.

Zita Larrañaga, por tanto, será quien tenga que decidir el destino de la denuncia contra el matrimonio Pujol, pese a que en estos momentos disfruta de vacaciones y al frente del juzgado se encuentra la jueza sustituta Concepción Cantón. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que las decisiones relevantes de este caso deberían adoptasen por la magistrada de Carrera nombrada por el CGPJ para dirigir ese juzgado.

Zita Hernández ha jugado un papel más que relevante dentro de la asociación Foro Judicial Independiente, donde llegó a ocupar un cargo en la Ejecutiva. También fue una de las magistradas que, junto con otros casi 200 jueces, firmó el manifiesto contra el indulto concedido por el Gobierno a cuatro mossos d'Escuadra que fueron condenados por tortura en el año 2008 por la Audiencia de Barcelona.

Considerada de tendencia «moderada», las fuentes consultadas destacan que tiene una especial sensibilidad por las cuestiones sociales. En este sentido, suscribió también un documento en el que se abogaba por un cambio de normativa en lo que afectaba a las ejecuciones hipotecarias, es decir, a los desahucios.

Será esta magistrada la que, por tanto, decida el camino que vaya a seguir la denuncia contra el matrimonio Pujol-Ferrusola; y, si finalmente, se plantea la opción, resolver si se inhibe en favor de la Audiencia Nacional.

Manos Limpias prevé solicitar la retirada del pasaporte al matrimonio en los próximos días, sobre lo que también deberá resolver.