Creo que no hace falta que les explique que, pese a lo que diga Pedro Sánchez, España no crece. Supongo que a usted, como a tantos de nuestros jóvenes, autónomos o empresarios, al pasear por la calle y ver la realidad de la economía les puede parecer que el Gobierno se apoya en una afirmación extravagante y cuando menos dudosa.

El Gobierno de la digitalización y los Fondos Next Gen no ha conseguido mejorar un ápice la productividad de nuestros trabajadores. Tampoco ha mejorado la competitividad de nuestras empresas. No se preocupe, que aunque es sencillo se lo explico: Nuestro «milagro económico» es un truco. Ni usted ni su vecina han crecido. Sus hijos no tienen mejores salarios ni trabajos.

El truco del que se saca pecho está basado en endeudarnos mediante los Fondos Europeos haciendo las rotondas y pasos a nivel habituales, el turismo como principal actividad generadora de empleos de baja cualificación y la llegada masiva y por millones de inmigrantes irregulares a través de nuestras fronteras. Los chicos listos de Semillas han ejecutado un trile vulgar y ridículo por el cual quieren hacernos creer que si somos muchos más que antes eso indica que como país «crecemos» aunque individualmente los españoles y nuestras familias seamos más pobres.

Una ración de fabes y una de tocino no dan dos raciones de fabes y tocino. El «crecimiento» del que sacan pecho ministros y presidente no tiene otra dimensión que haber dejado entrar millones y millones de inmigrantes irregulares. Lo que ha supuesto la bajada de los salarios de los españoles, la saturación de los servicios públicos y la subida del precio de la vivienda. No deja de ser asombroso que siendo este uno de los momentos más peligrosos para Europa, los españoles llevamos jugando en solitario la carta de las políticas de frontera más estúpidas de todo el continente.

La cuestión es que no somos los únicos con problemas en Europa. Las economías tractoras francesa y alemana, sobre todo por la evidente pérdida de competitividad industrial vinculados al precio de la energía, no parecen tener fuerza suficiente como para proyectarse en el futuro con garantías. Durante la última década, y a caballo de decisiones políticas inspiradas por el decrecimiento y el impacto social de las visiones apocalípticas de una generación de activistas climáticos, la industria española y europea las ha pasado de todos los colores ante la voracidad regulatoria de nuestras instituciones.

Salvo para los cuatro «jipis» que no creen en el crecimiento, no entiendo muy bien que esto pueda ser percibido como un problema, pero si no queremos desaparecer en el mundo que viene tenemos que recuperar el sentido común, simplificar el marco regulatorio y que la competitividad industrial sea el centro de la agenda comunitaria. Cada vez es más evidente que nos hemos metido todos en un laberinto de regulaciones que prometen salvar los osos polares de 2050 mientras asfixian nuestra economía y nos impiden crear empleos hoy.

Los objetivos de la neutralidad climática para 2050 suenan a la misma chorrada con la que se pretendía prohibir la compra de motores diésel en Europa a partir de 2035. Solo en España se puede entender que nuestros diputados pretendan prohibir lo que producimos en España como principal exportación. Como otras veces ya se han aprobado regulaciones que sonaban bien, que decían que las cosas iban de derechos humanos y el clima, pero que al ponerse en marcha han actuado como un cepo contra toda industria en la que trabajen los españoles.

Hago notar que, con la opacidad y la falta de interés habitual sobre los temas europeos, uno de esos debates sobre regulaciones ómnibus bienintencionadas y de nombres raros «CS3D» llega al Congreso de los Diputados esta semana: me permito señalarlo, porque algunos llevamos esperando al giro político que se debe dar en las políticas de cambio climático que nos han llevado por una ruta suicida durante esta última década. Alemania y Francia ya empezaron a jugar poniéndole la etiqueta verde al gas y la energía nuclear. Ahora mismo ya ven con escepticismo la reducción de emisiones y los compromisos a los que se habían atado. Hungría, Polonia, Eslovaquia e Italia empujan porque haya un cambio de posición que devuelva a la razonabilidad la locura en la que habían caído las políticas de igualdad derechos humanos y transición energética.

Si la descarbonización consiste en desindustrializarnos, entonces yo y todos los que pensamos que el trabajo y la familia son una necesidad para el hombre, tenemos un problema con la descarbonización. Si los planes climáticos, dibujados por los mismos burócratas que no tenían la menor idea de cómo abordar el Covid, obligan a desmantelar sectores de actividad con empleos y modelos de negocio viables, entonces todos los que creemos en el crecimiento tenemos un problema con los planes climáticos.

Si ese circo que es Bruselas está planteando que sean las ONG de la izquierda quienes lleven adelante la fiscalización a través de un tercer sector poblado por lo peor del activismo y basado en lo peor de la neurosis climática y la ideología extremista, entonces todos deberíamos tener un problema con esa decisión.