Las víctimas instan a la Fiscalía a impulsar la ilegalización de Bildu

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya tiene sobre la mesa una petición para poner en marcha el proceso de una posible ilegalización de EH Bildu tras su inclusión en las listas electorales para el 28-M de 43 condenados por delitos de terrorismo. A la espera de que el Ministerio Público se pronuncie sobre si alguno de ellos mantiene en vigor una pena de inhabilitación (que le impediría concurrir a los comicios municipales y autonómicos), Dignidad y Justicia (DyJ) ha ampliado su denuncia inicial solicitando ahora al departamento que dirige Jesús Alonso que ponga en marcha el proceso para declarar ilegal a la formación abertzale.

El paso al frente de la asociación que preside Daniel Portero se produce horas después de que siete de los candidatos, condenados por delitos de sangre, anunciaran en un comunicado remitido al portal abertzale Naiz que renunciarán a su acta si resultan elegidos para no contribuir a aumentar el «padecimiento de las víctimas».

En el escrito remitido por DyJ a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la asociación invoca el artículo 9.3 c) de la Ley de Partidos, que abre la puerta a la ilegalización de una formación cuando incluya «regularmente» en sus órganos directivos o listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo «que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas». Con una excepción: que el partido afectado haya adoptado «medidas disciplinarias» contra ellas «conducentes a su expulsión».

"Justificando o exculpando los atentados"

Para acreditar este extremo, la asociación de víctimas pide a la Fiscalía que encargue a la Policía y la Guardia Civil un informe que identifique a todos los condenados por delitos de terrorismo en «la totalidad de listas» de EH Bildu para el 28-M y que, a renglón seguido, esclarezca si cada uno de ellos ha «rechazado públicamente los fines y medios terroristas».

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, DyJ argumenta que la inclusión en sus candidaturas de personas condenadas por terrorismo «supone una reiteración de tal práctica» por parte de EH Bildu, dado que –recuerda–ya hizo lo mismo en los comicios de 2016 y 2019. Con esa actitud, denuncia Daniel Portero, «no solo están vulnerando sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo», sino que están «promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas» y apoyando «tácitamente el terrorismo». «Se están legitimando las acciones terroristas cometidas por todos y cada uno de los candidatos que concurren a los procesos electorales», asegura, «minimizando su significado y la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo».

Para la asociación de Daniel Portero el comunicado de los siete candidatos de Bildu condenados por asesinatos terroristas «no desvirtúa un ápice la vulneración del artículo 9» de la Ley de Partidos. Y es que, señala, «a través de un lenguaje perverso, retorcido y tergiversado, en el que no mueven su postura de justificación de las acciones terroristas cometidas, y aprovechando el tsunami mediático provocado, se presentan como sujetos que velan por la paz y la convivencia y como reaccionarios de todos aquellos que claman contra su candidatura y la normalización de esta anomalía democrática», denunciada por Covite el pasado día 9.

Pero para Dyj esta iniciativa «en modo alguno empece el hecho de que EH Bildu» ha concurrido a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra «con la inclusión en sus listas como candidatos» de personas condenadas por delito de terrorismo. «No solo estos siete, sino muchos más», recalca aventurando que van a concurrir a los comicios «independientemente de recoger o no el futurible acta a posteriori».

AVT: "Acto de cinismo"

A través de su cuenta de Twitter, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó ayer la anunciada renuncia a sus actas de los siete candidatos de EH Bildu con delitos de sangre como un «acto de cinismo». «Lo importante no es si son elegidos o no, sino el hecho de que Bildu haya presentado como candidatos a personas condenadas por delitos de terrorismo y siete de ellos con delitos de sangre», enfatiza la asociación que preside Maite Araluce.

Los siete candidatos que han anunciado que renunciarán a su acta son Agustín Muiños, número 6 en la lista de Legutiano (Álava), condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano; Begoña Uzkudun, número 3 de la de Régil (Guipúzcoa), condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984; Juan Ramón Rojo, número 21 de la candidatura de Irún, condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991; Asier Uribarri, número 4 de la lista de Maruri-Jatabe (Vizcaya), condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández; José Antonio Torre, suplente número dos de la lista a la Alcaldía de Munguía (Vizcaya), que fue condenado en 1981 a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato, en 1978, de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pered; Lander Maruri, segundo suplente de la lista de Ciérvena (Vizcaya), condenado en 2001 a 16 años de prisión como cómplice del asesinato del guardia civil José Manuel García Hernández en 1997; y Juan Carlos Arriaga, número tres de la candidatura de Berrioplano (Navarra), condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Alcocer Jiménez en 1984.

Seguirán en las listas pese a la renuncia

Pese a que los siete candidatos condenados por delitos de sangre han anunciado que renunciarán a sus actas si salen elegidos, sus nombres seguirán en las listas y solo estarán impedidos legalmente a tomar posesión si la Justicia acredita que alguno de ellos está inhabilitado por sentencia. Superado ya el periodo de 48 horas para subsanar las listas, las fuentes consultadas apuntan que «ahora mismo ya no hay nada que hacer» porque las candidaturas ya están impresas y «en fase de distribución» (las primeras papeletas se envían al extranjero para la votación de los españoles en el exterior.