Villarejo insiste al tribunal en llevar a declarar al exdirector del CNI al juicio de la pieza "Marbella" del "caso Tándem"

La Audiencia Nacional ha acordado aplazar el juicio a José Manuel Villarejo por la pieza "Marbella" del "caso Tándem" para que un médico forense del tribunal examine el estado de salud del socio del comisario jubilado, Rafael Redondo, que también se sienta en el banquillo, tras ser sometido a una reciente operación de corazón.

Villarejo, para quien Anticorrupción pide una condena de nueve años de prisión, está acusado de investigar por medios supuestamente ilícitos al empresario marbellí Felipe Gómez Zotano para elaborar un informe en 2015 por encargo de una mujer, M. K., que se había querellado contra él por una reclamación económica derivada de un proyecto inmobiliario en Málaga.

La defensa del excomisario ha insistido en que declaren como testigos en la vista oral tanto el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sánz Roldán como el exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix.

La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, ha anunciado la decisión de suspender la vista -una vez escuchadas las cuestiones previas planteadas por el resto de las partes- tras la petición efectuada por Redondo, en la primera jornada del juicio celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), en la que Villarejo se enfrenta a una petición de condena de nueve de años de prisión de la Fiscalía.

La Sala, sin embargo, ha iniciado -en contra del criterio de la defensa de Villarejo y del propio Redondo- el trámite de cuestiones previas, durante el cual el abogado del excomisario, Antonio García Cabrera, ha solicitado también al tribunal que Villarejo declare al final del juicio, una petición sobre la que aún no se ha pronunciado la Sala.

Ejerce su propia defensa

Redondo ha abandonado la sesión camino de la Audiencia Nacional para someterse a ese análisis médico. Tras el dictamen, la Sala decidirá sobre una posible suspensión de la vista oral, teniendo en cuenta además que el socio de Villarejo ejerce su propia defensa en el juicio.

Precisamente su doble condición de acusado y abogado defensor ha sido la esgrimida por la defensa de Villarejo para solicitar el aplazamiento del juicio sin plantear siquiera las cuestiones previas. Y es que, según ha puesto de manifiesto, tras el examen forense de Redondo "necesariamente" se tendrá que aplazar la vista. El letrado ha recalcado que Redondo "ejerce su propia defensa de manera directa", haciendo hincapié en "el estrés que le produce un juicio, ya no solo como acusado sino además como abogado defensor, es muy perjudicial para el padecimiento que tiene".

El resto de defensas se han adherido a esa petición de aplazamiento, recordando que este procedimiento se abrió en noviembre de 2018, por lo que "podemos esperar un poco más" para evitar así "perjudicar a su salud".

Tras escuchar sus argumentos, la presidenta de la Sala ha acordado el examen forense de Redondo, pero se ha negado a aplazar el juicio sin escuchar las cuestiones previas de las acusaciones y del resto de defensas a la espera de que "entre hoy y mañana se evalúen las condiciones de salud del Sr. Redondo" para constatar si sus condiciones físicas están "al 100%" para asistir al juicio. "Lo que diga en sus cuestiones previas el Sr. Villarejo en nada afecta al Sr. Redondo", ha recalcado la magistrada, que además ha solicitado documentación adicional al acusado sobre su estado de salud, al margen del informe médico presentado.

Villarejo reitera sus quejas

En el trámite de cuestiones previas, que precede a la declaración de los acusados, la Fiscalía ha pedido la aportación a la causa de tres correos electrónicos "que ha resultado materialmente imposible incorporar hasta ahora porque se aportaron con posterioridad a la formalización del escrito de acusación". Según ha explicado, son mensajes que se intercambió Redondo con Zotano y con la mujer que le hizo el encargo sobre el empresario. Además, ha renunciado a varios peritos, entre ellos dos de la Agencia Tributaria.

Por su parte, el abogado de Villarejo ha vuelto a plantear las cuestiones que ya ha puesto sobre la mesa en anteriores piezas del "caso Tándem", aludiendo de nuevo a que la investigación contra el comisario jubilado comenzó "con una denuncia anónima hecha por un miembro del CNI sobre unos hechos en los que el propio CNI intervino desde un principio". A este respecto, se ha quejado de que la Fiscalía "ocultó" a las partes que "ya sabía quién era el denunciante anónimo".

Asimismo, se ha quejado de que sigue sin tener acceso al material intervenido a Villarejo. "¿Es esto una defensa igualitaria cuando ni siquiera se nos permite un análisis del material intervenido?", ha asegurado.

El letrado, que ha denunciado una "investigación prospectiva", ha pedido la declaración como testigos del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y del ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix.

La defensa de Villarejo se ha quejado igualmente de presuntas irregularidades en la cadena de custodia del material intervenido. "No se puede poner a la zorra a guardar las gallinas", ha afirmado.

Un ex inspector jefe, también en el banquillo

Junto al comisario jubilado, a quien la Fiscalía imputa delitos de cohecho pasivo y descubrimiento de secretos cometido por funcionario, se sientan también en el banquillo por esta pieza "Marbella" del "caso Tándem" su socio en Cenyt, Rafael Redondo, el expolicía Antonio Bonilla (ambos se enfrentan a una petición de condena del Ministerio Público de cuatro años y nueve meses de prisión) y el exinspector jefe Constancio Riaño, para quien la Fiscalía pide ocho años de prisión.

Anticorrupción solicitaba igualmente una pena de prisión (en su caso nueve años de cárcel) para el excomisario Enrique García Castaño, aunque fue apartado del procedimiento por motivos de salud.

Según el escrito de acusación, para la elaboración de ese informe sobre el empresario, Villarejo recabó, con la ayuda de los demás acusados, información de carácter reservado incluida en bases de datos policiales. Todos esos datos fueron incluidos en un escrito aportado al juzgado que instruía la querella contra el empresario por la mujer responsable del encargo a Villarejo, quien sin embargo no consta que pagase cantidad alguna a Villarejo por este concepto.

Hace solo unos días, la Audiencia Nacional rebajó de 19 a 13 años la condena impuesta al excomisario por las tres primeras piezas del "caso Tándem" que fueron a juicio, al absolverle del delito de falsedad documental, al mismo tiempo que rechazaba la pretensión de la Fiscalía de que se le sumara una condena por cohecho pasivo. No obstante, la Sala de Apelación mantuvo su criterio de que Villarejo llevó a cabo esos encargos al margen de su condición de policía y, por tanto, de funcionario público.