Vista para sentencia la demanda de González Amador contra Montero: "Ser la pareja de Ayuso no justifica que se le tilde de delincuente confeso"

El Tribunal Supremo (TS) ha dejado vista para sentencia la demanda del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta María Jesús Montero, a quien reclama 40.000 euros por una supuesta intromisión en su derecho al honor al reprochar en el Senado a la política del PP que viva en un piso "que se pagó con fraude a la Hacienda Pública".

La Sala ha admitido, como pretendía la defensa del novio de Ayuso y en contra del criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, incorporar al procedimiento un correo remitido el 3 de diciembre del pasado año a diversos medios de comunicación desde la Secretaría de Estado de Comunicación con un argumentario contra González Amador que incluía frases textuales que había utilizado días Montero antes para referirse a González Amador.

La abogada de González Amador, Guadalupe Sánchez ha asegurado en su intervención ante la Sala que se trata de "expresiones muy graves que desbordan la libertad de expresión" al atribuir al empresario "delitos por los que no ha sido condenado". Es "absolutamente falso", ha defendido, que González Amador "haya reconocido delito alguno" porque "no hay sentencia firme que así lo declare", por lo que afirmar lo contrario le genera un "daño reputacional" evidente.

Ni confesión ni acuerdo de conformidad

"Hasta la fecha ni se ha producido ninguna confesión ni se ha alcanzado ningún acuerdo de conformidad" con la Fiscalía, ha hecho hincapié. Del mismo modo, ha calificado de "rotundamente falso" que el empresario haya adquirido su vivienda con dinero procedente de un fraude a la Agencia Tributaria, como afirmó la vicepresidenta en el Senado.

Para la letrada, no cabe otra vía que una sentencia condenatoria contra María Jesús Montero por vulneración del derecho al honor del empresario. Se trata, ha dicho, de declaraciones efectuadas "a la vista de un argumentario que le habían remitido previamente", por lo que no son en absoluto manifestaciones espontáneas.

Estas declaraciones, ha recalcado, hacían referencia además a noticias publicadas en los medios "consecuencia de una filtración de una investigación penal". En ese momento, el presidente del tribunal le ha "llamado la atención" y le ha instado a ceñirse al objeto del procedimiento.

Para la letrada lo que entra en conflicto en este asunto "es la libertad de expresión y el derecho al honor", y no el derecho a la información y el derecho al honor. Y en este sentido ha señalado -esgrimiendo que "la libertad de expresión no ampara descalificaciones contra una persona atribuyéndole hechos o conductas que puedan desacreditarla".

Que González Amador sea la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha matizado, "no justifica que, en base a un hipotético interés social, se le tilde de delincuente confeso o se le acuse de forma reiterada de haber adquirido su vivienda con un fraude fiscal". "No es un cargo público ni lo ha ostentado nunca. No ha realizado declaraciones a la prensa ni tiene redes sociales", ha recalcado, por lo que "difícilmente se le puede atribuir la condición de personaje público que él nunca ha buscado".

En cuanto a una posible inviolabilidad de Montero por estar amparada por esa prerrogativa parlamentaria -como mantiene la Abogacía del Estado-, ha dejado claro que esa inviolabilidad "se limita al ejercicio de su función parlamentaria". "Y ninguna de sus manifestaciones -ha precisado- se realizaron en el ejercicio de sus funciones parlamentarias".

"No es un simple particular"

Pero para la Abogacía del Estado, que defiende a la vicepresidenta de Pedro Sánchez, los hechos sobre los que se pronunció la ministra de Hacienda son "de interés general". "Los debates políticos cuando se refieren a cuestiones penales son de interés general", ha destacado antes de referir que en estos casos la libertad de expresión queda "reforzada". "De forma consciente o inconsciente", ha afirmado, González Amador "se ha incorporado" al debate político de interés general. "No es un simple particular", ha insistido, "desde el momento en que participa activamente en un debate político" dado que "su núcleo más cercano" ha hecho referencia a su investigación por supuesto fraude fiscal. "Nos encontramos por tanto en una situación de interés general" sobre una cuestión en la que González Amador "se ha situado en el centro del debate" (en referencia al correo del 2 de febrero del pasado año en el que su entonces defensa admitía los delitos fiscales que se le atribuyen).

"Las expresiones no pueden ser calificadas en los mismos términos", ha defendido, que cuando se refieren a "un particular". En este contexto, ha asegurado, existen expresiones que aparentemente puede parecer que vulneran el derecho al honor "sin serlo" porque prevalece el derecho a la libertad de expresión frente a la restricción, en ese ámbito, del derecho al honor.

Para el abogado del Estado, el hecho de calificar a la pareja de Ayuso de "delincuente confeso" hace referencia a "una situación en la que se ha situado" el propio González Amador (al admitir su letrado el fraude tributario para llegar a un acuerdo con la Fiscalía).

Tampoco la Fiscalía ve motivos para admitir la demanda. El fiscal del Supremo ha reiterado que "aquí no hay vulneración del derecho al honor y sí derecho a la libertad de expresión". Según ha expuesto, en la libertad de expresión "no se exige la veracidad de lo que se está manifestando", como sucede con el derecho a la información. "Puede ser una crítica ácida", "molesta" o "malsonante", ha matizado, sin que se vulnere el derecho al honor.

Al igual que la Abogacía del Estado, el fiscal ha asegurado que "quiera o no quiera" el novio de la presidenta madrileña tiene "dimensión pública". Y aunque no tiene "ninguna duda" de que Montero "se extralimitó en sus manifestaciones", pero ha insistido en que no vulneró el derecho al honor de González Amador.

Siete intervenciones de la vicepresidenta

Según ha puesto de relieve al comienzo de la vista el presidente del tribunal, el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, los hechos objeto de controversia se ciñen a siete intervenciones de Montero realizadas tanto en el Senado como, posteriormente a la presentación de la demanda, en los pasillos del Congreso -entre otras-, aunque el abogado del Estado ha objetado que solo cuatro de ellas son objeto de la demanda presentada (excluyendo las añadidas en la ampliación de la misma a raíz de nuevas manifestaciones).

La Abogacía del Estado, que representa a la vicepresidenta, se ha quejado de que añadir esas nuevas declaraciones "no deja de ser una ampliación de la demanda". Lo que se está pretendiendo ahora, ha protestado el representante de los Servicios Jurídicos del Estado, es introducir "hechos nuevos" que "desde el punto de vista procesal debería quedar restringida".

El presidente del tribunal ha matizado, no obstante, que la demanda no se desestimaría en ningún caso por introducir o no nuevas declaraciones no incorporadas a la demanda inicial.

No tiene sentido enzarzarnos ahora en una disquisición. Lo que importa es el contenido de las declaraciones", ha puesto de relieve la abogada de González Amador, Guadalupe Sánchez, quien en todo caso ha afirmado que "no es cierto" que estén intentando introducir "hechos nuevos", sino que se trata de "una pretensión que ya se encontraba en el escrito de demanda".

Por su parte, la Fiscalía -que se opone a la demanda- ha cuestionado algunos de los hechos de ampliación de la denuncia porque, ha recalcado, no tiene nada que ver con el objeto de la demanda la pretensión de la defensa de incorporar "un correo que el Gobierno envía a la prensa"

La defensa de González Amador ha solicitado al tribunal que se requiera a María Jesús Montero que aporte "los argumentarios remitidos desde la Secretaría de Estado de Comunicación o desde el PSOE" en relación al novio de Ayuso, una pretensión a la que se ha opuesto la Abogacía del Estado. Asimismo, se ha opuesto a que se incorporen varios autos de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por la filtración de datos reservados del empresario, algo que considera "extemporáneo".

La Fiscalía, por su parte, no ha propuesto ningún tipo de prueba, pero ha rechazado que se incorpore al procedimiento un correo del 3 de diciembre del pasado año de la Secretaría de Estado de Comunicación con un argumentario que incluía frases textuales había utilizado días antes para referirse a González Amador.

"Un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública"

El empresario ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a varios de sus ministro y a altos cargos del PSOE por sus declaraciones sobre la investigación contra él por fraude fiscal, en el curso de las cuales le han tachado en varias ocasiones de "delincuente confeso". En el caso de Montero, la controversia se centra en una manifestaciones de la ministra de Hacienda en el Senado el pasado 12 de marzo, cuando reprochó a la presidenta de la Comunidad de Madrid que viva "en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública".

El pasado octubre, el acto de conciliación que podría haber frenado la demanda fracasó porque ni Montero ni la Abogacía del Estado, que asume su defensa, se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, por lo que la vicepresidenta rechazaba retractarse de sus manifestaciones, abriendo así la vía de la demanda ante la Sala Civil del Tribunal Supremo, ante el que está aforada.

Tras ese acto de conciliación fallido, Montero se reafirmó. "Es obvio que él mismo ha reconocido ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado que cometió un delito fiscal y ha aceptado, me parece recordar, unos meses de cárcel y la imposición también de una multa en torno al medio millón de euros".

En la Cámara Alta, Montero instó a Díaz Ayuso a dar "explicaciones" para aclarar "si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". La vicepresidenta consideró "llamativo" que la líder del PP en Madrid "tenga un hermano y ahora un novio" que "parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión" (en referencia también a la investigación de Anticorrupción a su hermano por el cobro de comisiones en el suministro de material sanitario en pandemia a la Comunidad de Madrid, que terminó archivándose).

Bolaños rechazó retractarse

En esa batería de demandas, González Amador reclama 100.000 euros a Pedro Sánchez y 50.000 al ministro Félix Bolaños, que se refirieron a él como "delincuente confeso" en referencia al correo remitido por su defensa a la Fiscalía el 2 de febrero del pasado año admitiendo el fraude fiscal que se le atribuye para alcanzar un acuerdo de conformidad. La filtración de ese correo mantiene precisamente imputado en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos después de que el novio de Ayuso se querellara contra dos fiscales de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que terminó reclamando al Supremo la imputación del fiscal general dada su condición de aforado.

El propio Bolaños se reiteró en sus manifestaciones el pasado octubre tras conocer la demanda presentada contra él por la defensa de González Amador. "¿Cómo quiere que lo llamemos?¿Ciudadano ejemplar?", ironizó aludiendo al fraude tributario de 350.000 euros por el que está siendo investigado.