Visto para sentencia el «caso Plasencia» por adjudicación irregular de obras

El juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal de Plasencia (Cáceres) contra seis ediles y exconcejales socialistas, entre ellos la exalcaldesa Elia María Blanco y un constructor local por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras, ha quedado hoy visto para sentencia.

Además de la exalcaldesa, se han sentado en el banquillo, acusados de los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, los concejales Francisco Barbancho (PSOE) y Mónica García (PREx-CREx), los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo, y el constructor placentino José Antonio Romero Vega.

La vista oral del juicio arrancó el pasado miércoles y se ha desarrollado a lo largo de cuatro maratonianas sesiones, después de casi cuatro años en que los ediles del PP en Plasencia Miguel Cantero e Isidro Rodríguez denunciaran ante la Fiscalía de Cáceres la existencia de posibles irregularidades en la adjudicación de siete obras públicas al constructor implicado en la etapa en la alcaldía de Blanco.

Según ha defendido el Ministerio Fiscal durante la vista oral, se trata de demostrar que los acusados fraccionaron varios contratos administrativos para rebajar su cuantía y adjudicarlos de forma directa y como contratos menores a Romero Vega, para evitar así la licitación pública.

Una veintena de testigos han declarado en un proceso en el que tanto el fiscal como la acusación particular, a cargo del PP, han elevado a definitivas las penas que solicitaban en su escrito de acusación y que van desde uno a tres años y medio de cárcel, entre 16 y 25 años de inhabilitación, y 28.000 euros y 550.000 euros de multa.

En su turno de conclusiones, la Fiscalía ha subrayado que considera acreditado la "arbitrariedad"por parte de los acusados, al adjudicar de manera directa las obras haciéndolas pasar por contratos menores, con lo que se incumplió la Ley de contratos públicos.

El fiscal ha puesto de manifiesto que los responsables políticos implicados en el proceso tenían acceso a las observaciones realizadas por el interventor municipal sobre la posible existencia de irregularidades en la contratación y facturación de las obras, y que sin embargo no paralizaron el procedimiento.

El fiscal ha introducido un atenuante en el caso de Raimundo y Sánchez del Mazo, ya que en ningún caso hicieron contratación de obras, sino que el primero firmó la orden de pago de una obra contratada en la anterior legislatura por García, y el segundo se limitó a validar una propuesta de gasto.

La acusación particular ha puesto el acento en la "responsabilidad política"de los acusados que a su juicio tenían la obligación de fiscalizar y comprobar el adecuado procedimiento de contratación y pago de las obras realizadas.

Los siete letrados de la defensa han argumentado la inexistencia tanto de fraccionamiento en la contratación de las siete obras objeto de la causa, como de trato de favor al constructor y han pedido la absolución.