Meses antes de la que la Fiscalía General del Estado advirtiera de la "gran cantidad" de absoluciones de maltratadores por los fallos en las pulseras de control telemáticas, magistradas expertas en violencia de género ya alertaron de las taras del sistema. En ese sentido, Esther Rojo, actual vocal del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, apeló a las "deficiencias" de estos dispositivos telemáticos que lastraban su plena utilización.

La expresidenta de la Audiencia Provincial de Valencia se pronunció en estos términos durante su comparecencia el 18 de junio del año pasado en la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Rojo advirtió entonces que no había pulseras de protección para las víctimas de maltrato y que el "sistema estaba perdiendo recursos y medios para las víctimas que lo necesitan".

Del mismo modo, la actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expuso que, aunque se estaban superando paulatinamente las deficiencias técnicas que lastraban el sistema, se seguía detectando "cierta tardanza" de los técnicos en acudir al órgano judicial para colocar las pulseras. al hilo, dijo que la falta de efectividad constituye un problema "especialmente grave" en las zonas rurales, ya que los fallos de estas pulseras propician que "se disparen las alertas generando un sentimiento de inseguridad".

"Un instrumento de tortura"

Por su parte, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón se refirió también durante su intervención a las incidencias en los protocolos de actuación. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ya apuntó entonces que, en ocasiones, "los dispositivo no han funcionado sin que se conozca la causa". También advirtió sobre los "frecuentes" problemas de cobertura del sistema, instando a que se abordara su mejora técnica.

Tardón -que compareció en su condición de miembro del Grupo de Expertos de Violencia de Género- ya expuso que era imprescindible que el centro Cometa, que es el que se ocupa de la instalación de las pulseras antimaltrato y de notificar los avisos, mejorara la información que remite a los juzgados. Al hilo, alertó de las taras de este sistema asegurando que no era excepcional que el dispositivo se convirtiera en un "auténtico instrumento de tortura para la víctima" ya que en ocasiones se reciben de madrugada advertencias de que su agresor está fuera de control.

Se trata de testimonios que ponen sobre aviso las erratas de las pulseras electrónicas para maltratadores, especialmente después de que la Fiscalía General del Estado advirtiera en su última memoria de que se habían producido "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" con motivo del cambio de prestatario del sistema Cometa. El Ministerio Público precisó que con la migración del prestador del servicio se produjo un fallo en el volcado además de pérdidas de datos entre finales de 2023 y principios de 2024.

Se perdió un elemento de prueba "imprescindible"

La memoria anual del ente que dirige Álvaro García Ortiz plasmó que este error propició la absolución de maltratadores y el archivo de causas, dado que se perdió en muchos casos la información relativa a los investigados. De hecho, el propio Centro Cometa así lo trasladó a los juzgados en numerosos procedimientos, si bien la incidencia no se pudo solucionar. En concreto, plasmó que no podían conocer la ubicación o actuación de los investigados por maltrato y agresión sexual cuando los hechos fueran anteriores al 20 de marzo de 2024.

En palabras de la Fiscalía, ello supuso, "de facto", la pérdida de "un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación". "Es recurrente la información facilitada por los responsables del Centro Cometa a los juzgados que 'tan pronto se disponga de la información solicitada será remitida'. Sin embargo, se tiene constancia que no ha sido resuelto y ante la petición de una previsión de tiempo su respuesta es: 'este Centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada'", reza la Memoria.

Se trata de un relato que coincide con el de juzgados que alertaron sobre este error del Ministerio de Igualdad y que afecta tanto a la gestión de la exministra del ramo, Irene Montero, como su actual responsable, Ana Redondo. Precisamente, la actual ministra corrigió recientemente lo contemplado en la Memoria del Ministerio Público y dijo que apenas se habían producido excarcelaciones. La Fiscalía, por su parte, suavizó la repercusión de sus advertencias tras el estallido del escándalo y precisó que los problemas fueron "puntuales" y que las víctimas "estuvieron protegidas en todo momento".