La Audiencia Provincial de Pontevedra, sección quinta, ha impuesto dos años y medio de prisión, multa e indemnización a un hombre que urdió una estafa a través de un portal inmobiliario, donde publicó el falso anuncio de un piso en el centro de Vigo.

La sentencia declara probado que el acusado se aprovechó de la necesidad de una mujer que buscaba vivienda y que acabó abonándole 1.200 euros creyendo que estaba reservando un inmueble legítimo.

Según detalla el fallo, los hechos se remontan a julio de 2024. El acusado, con antecedentes penales por delitos similares, decidió obtener un beneficio económico ilícito y publicó en la plataforma “Idealista” un anuncio de un piso situado en una céntrica calle de Vigo. No tenía ningún derecho sobre él, pero lo ofreció como disponible para alquiler, acompañado de fotografías y un relato creíble de propietario.

La víctima, que buscaba un lugar donde vivir de manera urgente, contactó a través del chat del portal. El estafador le aseguró que había más personas interesadas y que, para reservar la vivienda, debía adelantar dinero mediante Bizum. Para generar confianza, accedió a firmar un documento en el que prometía devolver la cantidad si finalmente el piso no le gustaba y llegó incluso a remitir una foto de su DNI.

Entre el 12 y el 16 de julio, la afectada realizó tres pagos: 500 euros en concepto de fianza y otros dos por 450 y 250 euros cada uno, destinados a asegurar el alquiler del supuesto inmueble. Las transferencias se enviaron a un número de teléfono vinculado a la cuenta bancaria del acusado, según certificó la investigación policial incorporada al procedimiento. La perjudicada actuó convencida de que formalizaba una reserva legítima.

A partir de ese momento, el estafador desplegó la última fase del engaño. Concertó varias citas para mostrarle el piso, pero nunca compareció en ninguna de ellas. Tras reiterados intentos de contacto y excusas, finalmente bloqueó el teléfono de la víctima, quien jamás recuperó el dinero. Su testimonio, persistente y coherente, fue corroborado por otra persona con la que tenía previsto compartir el alquiler, por su propia madre y por los agentes de Policía Nacional que rastrearon la cuenta bancaria y la línea telefónica asociada.

El tribunal considera probado que el engaño fue “precedente y bastante”, generó un error esencial en la víctima y provocó un desplazamiento patrimonial directamente relacionado con la maniobra fraudulenta.

La Audiencia aplica la modalidad agravada del delito de estafa al entender que el condenado se aprovechó de la necesidad de vivienda de la afectada, siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Supremo para los casos de anuncios ficticios en internet que prometen alquileres inexistentes a personas que buscan residencia a precio asequible.

La Sala aprecia además la agravante de reincidencia, ya que el estafador había sido condenado previamente por delitos de la misma naturaleza en 2022 y 2024. En consecuencia, impone una pena de dos años y siete meses de prisión, nueve meses de multa con cuota diaria de seis euros, indemnización de 1.200 euros para la víctima y el pago de todas las costas procesales, incluida la acusación particular.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.