Galicia rechaza la "imposición" del reparto de menores migrantes y estudia recurrir a los tribunales

El Gobierno central ha aprobado un real decreto-ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, estableciendo un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades. Al respecto, la Xunta de Galicia ha manifestado su rechazo a lo que considera una "imposición" y ha advertido que estudiará acciones legales si es necesario.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha sido tajante en su respuesta, asegurando que Galicia "no está dispuesta a aceptar un trágala". Según sus declaraciones, la comunidad siempre ha sido solidaria en la acogida de menores, pero considera inaceptable que sea el expresidente catalán Carles Puigdemont, desde su exilio, quien "decida cuántos menores migrantes van a venir a Galicia" tras su pacto con el Gobierno central.

Desde la Xunta se calcula que Galicia deberá acoger a unos 300 menores migrantes tras la entrada en vigor del nuevo decreto. Desde la Consellería advierten que la cifra podría incluso superar esa estimación. Actualmente, la red gallega de acogida cuenta con 800 plazas, repartidas en 80 centros, y ya opera al 104% de su capacidad, con 832 menores atendidos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su preocupación por la falta de información por parte del Gobierno central y ha criticado lo que considera una decisión impuesta sin planificación ni consenso con las comunidades autónomas. En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno de Pedro Sánchez está absolutamente chantajeado por los independentistas" y que Galicia no descarta acudir a los tribunales si no se atienden sus reclamaciones.

El Ejecutivo central ha defendido la medida alegando la necesidad de equilibrar la carga de acogida en todo el país. Según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, antes del 31 de marzo las comunidades deben informar del número exacto de menores que tutelan para obtener una "foto fija" de la situación. A partir de esos datos, se establecerán los criterios de reparto, que tendrán en cuenta factores como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, la capacidad de acogida y el esfuerzo previo realizado por cada comunidad.

En un plazo máximo de tres meses, antes del 20 de junio, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia deberá aprobar estos criterios. Si no hay unanimidad entre las comunidades autónomas, la distribución se regirá por lo estipulado en el real decreto-ley, que entrará en vigor mañana jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).