El Gobierno gallego ha decidido poner fin a una práctica extendida en su territorio: la construcción de accesos directos a las carreteras autonómicas sin la autorización correspondiente. Para ello, modificará la actual Lei de Estradas con el objetivo de incluir esta acción como una infracción específica.

La nueva normativa establecerá una clara diferenciación entre dos tipos de infracción. Será considerada "grave" la construcción de un acceso o la modificación de los existentes sin los permisos requeridos, pero con la posibilidad de una legalización posterior.

En estos casos, la multa oscilará entre los 2.501 y los 10.000 euros.

El precio de lo irreversible

La sanción se endurecerá de manera significativa cuando el acceso ilegal construido no pueda ser legalizado posteriormente. En estas situaciones, clasificadas como infracción "muy grave", la multa arrancará en los 10.001 euros y podrá alcanzar la cifra de 250.000 euros. Esta drástica diferencia busca disuadir las actuaciones que alteren de forma irreversible el dominio público viario.

Hasta la fecha, estas acciones no contaban con una regulación específica y solo podían encuadrarse en un artículo genérico sobre usos no permitidos en la zona de dominio público. La reforma pretende acabar con esta ambigüedad y dotar a las administraciones de una herramienta legal más eficaz para la protección de las vías.

La medida afectará directamente a los 4.482 kilómetros que componen la red de carreteras autonómicas de Galicia, repartidos en 463 vías. Con esta modificación legal, la Xunta espera poner freno a una costumbre muy arraigada y garantizar la seguridad e integridad de su patrimonio viario.