
Polémica
La Xunta recurre ante el Supremo los decretos que imponen el reparto obligatorio de menores migrantes
El Gobierno gallego denuncia invasión competencial y falta de financiación estatal, y recuerda que más de 300 menores llegarán a Galicia en virtud de las normas impugnadas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que el Consello del Gobierno gallego ha ratificado la decisión de presentar dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos aprobados por el Ejecutivo central el pasado verano, que regulan los traslados obligatorios de menores migrantes no acompañados y la capacidad común de acogida entre comunidades autónomas.
Las dos normas, explicó Rueda, desarrollan el Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, mediante el cual el Gobierno central impuso un sistema de reparto de menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las distintas comunidades. En aplicación de ese mecanismo, más de 300 menores serían trasladados a Galicia en los próximos meses.
El presidente recordó que Galicia, junto con otras diez comunidades autónomas, ya interpuso el pasado marzo un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el citado real decreto ley, al considerar que vulnera el marco competencial establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. “El sistema de protección a la infancia es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, tal y como dictaminó el Consello Consultivo de Galicia”, recalcó Rueda.
Por ese motivo, la Xunta sostiene que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno “arrastran los mismos vicios de inconstitucionalidad” que la norma original y que su desarrollo reglamentario invade competencias autonómicas en materia de servicios sociales y protección de menores. “Actuamos con coherencia —añadió el presidente—, defendiendo nuestras competencias y un modelo que ha funcionado bien en Galicia sin imposiciones del Estado”.
El Gobierno gallego también reprocha al Ejecutivo central que no haya aportado financiación alguna para cubrir los gastos derivados del acogimiento y atención de los menores migrantes durante 2025. “En lo que llevamos de año, el Estado no ha transferido ni un solo euro para este fin”, apuntó Rueda, que insistió en la necesidad de colaboración y diálogo real entre administraciones antes de imponer decisiones unilaterales.
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