Sección patrocinada por sección patrocinada

Bien Cultural

El Supremo respalda a Cultura: el Picasso “Cabeza de mujer joven” no podía salir de España

El Alto Tribunal dejó en suspenso los recursos a la espera del resultado de la investigación penal por la que Jaime Botín fue condenado por contrabando de bienes culturales

Cuadro de Picasso «Cabeza de mujer joven»
Cuadro de Picasso «Cabeza de mujer joven»larazon

El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Ministerio de Cultura que denegó en 2012 y 2013 al expresidente de Bankinter Jaime Botín el permiso de exportación del cuadro de Pablo Picasso “Head of a young woman” (”Cabeza de mujer joven”).

La Sala Tercera desestima así los recursos de casación planteados por Botín y por la empresa Euroshipping Charter Company Ltd. contra las resoluciones de la Audiencia Nacional que en 2015 confirmaron esa decisión de Cultura y que acordaron cautelarmente declarar inexportable esa obra de arte.

Condena a 18 meses de cárcel

Según fuentes del Alto Tribunal, el Supremo suspendió en enero de 2017 la tramitación de los recursos ahora resueltos a la espera de la tramitación de la investigación penal abierta por estos mismos hechos en un Juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por un delito de contrabando de bienes culturales, que concluyó con sentencia condenatoria.

Aunque el fallo ha sido avanzado hoy a las partes, la sentencia íntegra se dará a conocer en los próximos días.

Jaime Botín fue condenado en enero del pasado año a 18 meses de prisión por un delito de contrabando de bienes culturales por intentar sacar de territorio nacional sin permiso el cuadro de Pablo Picasso. La sentencia determinó que la propiedad del cuadro era del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Además, el tribunal le impuso una multa de 52,4 millones de euros, el doble de la tasación de la obra pictórica, con responsabilidad subsidiaria, en caso de impago, de dos meses de privación de libertad. La Fiscalía pedía para él una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.