Arantxa Sánchez Vicario renuncia al derecho a la última palabra en el juicio del Banco de Luxemburgo

El pasado mes de septiembre, Arantxa Sánchez Vicario declaró el primer día en el juicio del Banco de Luxemburgo y se ausentó el resto. Esta semana en la que se presentarán los informes finales de las partes, la extenista tampoco estará ya que ha renunciado a su derecho a testificar, a la última palabra, porque ya está todo decidido. Sánchez Vicario llegó a un acuerdo con la Fiscalía y con el Banco de Luxemburgo: la condenen o no está exenta de ingresar en prisión. Incluso en el caso de que fuera condenada, ambas partes acordaron una pena máxima de dos años de cárcel.

Según publica hoy Vanitatis, sus abogados la recomiendan que no vuelva a España mientras no sea necesario, porque además en Miami tiene abierto el proceso de divorcio con Santacana.

Hace apenas una semana Arantxa Sánchez Vicario regresaba a España para unirse a toda su familia, ya que en Madrid se le concedía un premio honorífico a todas sus carreras. La relación de la familia ha tenido sus altibajos y todavía no es del todo fluida. Pese a ello mostraron estar unidos ante los medios de comunicación.

Según los expertos legales consultados por la web y también por los expertos legales implicados en el caso "en cuanto la juez empiece su deliberación, que tome su decisión final podría llevar pocos días y tendríamos la sentencia en nada".

Lo que realmente queda por decidir es la culpabilidad o no de Josep Santacana. Lo lógico es que fuera exculpado si la extenista lo es. Sin embargo, ella admitió los delitos y le señaló a él como culpable, por lo que es difícil que eso ocurra. El exmarido de la tenista nunca ha reconocido ninguno de sus delitos y ha culpado directamente a Sánchez Vicario de todo lo sucedido. Nunca se ha planteado negociar con la Fiscalía, porque asegura que no es culpable.

La Fiscalía y el Banco de Luxemburgo siguen pidiendo cuatro años de cárcel para él. En una entrevista con Paloma Barrientos en Vanitatis, el exmarido de Arantxa contaba sus motivos para no pactar: "Pues porque considero injusto que tenga una pena por algo que no he hecho. Tengo fe en que la justicia sea igual para todos…".

La querella del Banco de Luxemburgo surge a raíz de un impago de la extenista, a finales de los años 80, cuando fijó su residencia en Andorra. Hacienda decidió abrirle una investigación, y a partir de ahí comenzaron las demandas en los tribunales.