La Junta de Andalucía en el punto de mira por los ERE ilegales

El atestado policial incide en que las empresas beneficiarias no solicitaban la financiación pública, sino que se les ofrecía.

José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio
José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio

sevilla- La Junta de Andalucía y el partido que rige sus designios desde hace décadas, el PSOE, ya no pueden escudarse durante más tiempo en la crispación política para eludir responsabilidades en el «caso Mercasevilla». Las múltiples ramificaciones de este escándalo han desvelado la existencia de una presunta «trama para la utilización fraudulenta» de expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos, y en esta red ilegal, según reza el completo informe de la Policía Judicial para la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, tuvo que participar «algún alto cargo» autonómico.
Para la autoridad judicial, está claro que la Junta lleva años aprobando y financiando ERE en empresas privadas y una pública –el mercado central, como recordaba su ex gerente Fernando Mellet en aquella grabación de los hosteleros de La Raza– en los que se «incluiría» a personas ajenas a ellas. En la regulación laboral iniciada en Mercasevilla en 2003 se identificó como «intrusa» a Carmen Fontela, y en la de 2007 se «coló» al exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo.

El atestado policial deja claro que se trataba de meros «hombres de paja» introducidos en la negociación laboral y la tramitación administrativa por «intermediarios», el exsindicalista Juan Lanzas y el comercial de Vitalia Francisco González, con el objetivo de «percibir ellos mismos las cantidades» previstas para los prejubilados. Todo indica que González se repartía las ayudas de Carmen Fontela –vecina de sus padres de toda la vida– con Lanzas, y los investigadores buscan pruebas de que ambos fueron los «verdaderos perceptores» de las retribuciones adjudicadas a Garrido Santoyo. Pero, además, advierten de que «quedan otros dos actores que debieron percibir cantidades por llevar a cabo los expedientes». Uno es Mellet. El otro, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien autorizaba los ERE firmando «directamente un protocolo» con las empresas y la Seguridad Social. «No consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda» por parte de las firmas beneficiarias y simplemente se les ofrecía por «intermediarios o algún responsable de la Consejería de Empleo», según el atestado.

El informe insiste en que los implicados «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía que permitiera la inclusión de personas en unos ERE de empresas para las que nunca trabajaron». La indagación en el Gobierno autonómico superará la mera gestión de esos ERE.


Los tres responsables
1.- José Antonio Viera. Exconsejero de Empleo 2000-2004
- Hoy secretario general del PSOE de Sevilla, bajo su mando comenzó la gestión de ERE a través de «convenios» con el IFA.
2.- Antonio Fernández. Exconsejero de Empleo 2004-2010
- Mantuvo el sistema de ayudas cuestionado ahora por la Justicia y a su «ejecutor», Francisco Javier Guerrero, en el cargo.
3.- Manuel Recio. Exconsejero de Empleo 2000-2004
- Eliminó poco después de llegar al cargo las ayudas laborales a través de IDEA (antiguo IFA), con el «caso Mercasevilla» en alza.



La «trama» y sus actores
- F. Javier Guerrero
De «repartidor» de millones a cadáver político
Fue claro al testificar, el pasado 21 de diciembre, ante la Policía: la gestión de los ERE consistía en un «fondo de reptiles para crisis». Así lideró la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo manejando más de 640 millones de euros desde 1999 hasta abril de 2008, cuando fue cesado por «irregularidades» nunca especificadas. Desaparecido del panorama político y repudiado por el PSOE, admite que trabajó con el «conseguidor» Juan Lanzas en «muchos expedientes de crisis de empresas de alimentación» de Andalucía y que conoció a Mellet en 2002, en la negociación del primer ERE de Mercasevilla.


- Antonio Rivas
La «autoridad laboral competente»
El atestado policial ordenado por la juez Mercedes Alaya dedica unas palabras al ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, ya imputado por las presuntas comisiones ilegales reclamadas a los empresarios de La Raza y a quien identifica como la «autoridad laboral competente» en la resolución de los procedimientos de regulación de empleo, incluidos los dos de Mercasevilla en los que se han detectado irregularidades y los que puedan aparecer, toda vez que la magistrada decretó una investigación más amplia sobre todos los expedientes aprobados desde el año 2002.


- Juan Tanzas
El «conseguidor» que no sabía nada, ni siquiera de dónde cobra su sueldo

El Partido Popular lleva tiempo señalando a Juan Lanzas como el «conseguidor» de financiación pública para los ERE. Tras su arresto por presunto cohecho, sólo admitió que trabaja de comercial para Estudios Jurídicos Villasís y que ha negociado «seis o siete» regulaciones laborales. Negó haber introducido a personas ajenas en procesos de prejubilaciones o que cobre por alguna, pero la Policía cree que ingresa de Hitemasa y de Vitalia por comisiones, informes, cobros de pólizas de seguros,


- Francisco González
Admitiendo promesas cumplidas de su compañero de «mediación»
Fue comercial «libre» de Vitalia. Declaró como detenido por presunto cohecho –como Francisco Limón, su socio en Hermes Consulting– y admitió su «mediación» con la plantilla en los ERE de Mercasevilla. Lanzas se dedicaba a la Junta y le pidió un trozo del pastel, a lo que el exugetista le respondió: «En cuanto podamos, metemos a una persona de confianza en uno de estos ERE y tú te llevas parte de esta prima». Y apareció Fontela.

- Fontela, Santoyo y Rosa
Una «intrusa» inocente y otros quizás no tanto

Para la Policía, el «pecado» de Carmen Fontela es ser amiga íntima de los padres de Francisco González, quien la convenció de que abriera una cuenta bancaria para que él pudiera cobrar ciertas cantidades. Al final, apareció como prejubilada en Mercasevilla y Río Grande. Antonio Garrido Santoyo no quiso declarar tras su arresto por posible estafa debido a problemas de salud. No está claro quién cobró por su prejubilación «falsa» en Mercasevilla. Aparte está María José Rosa Aparicio, contratada en Río Grande a dos meses de cumplir 65 años para aparecer como perceptora de 1,3 millones procedentes de su ERE.