Villarrubia se escuda en no poder hacer otro presupuesto al no cuadrar los números

VALLADOLID- El secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia, se escudó en que su partido no puede hacer un presupuesto alternativo a los de la Junta de Castilla y León «al no cuadrar los números». Por este motivo, su grupo presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales, así como a la Ley de Medidas por considerarlos «inútiles, impuestos e injustos» donde «pagan los de siempre y los que se han beneficiado de la crisis lo siguen haciendo».

Villarrubia justificó su renuncia a esas cuentas alternativas ya que el «nivel de ingreso sería distinto» y «no bajaríamos ni recortariamos en los servicios sociales». El dirigente socialista consideró que su grupo se opondría a las decisiones tomadas por el Gobierno y al descenso de 150 millones de euros en las transferencias corrientes.

Además, señaló que también reducirían «gastos no deseables» y que se pondrían impuestos a la central nuclear deGaroña, a los depósitos bancarios y a las eléctricas. «Todo lo demás, es demagogia», aseguró.

Preguntado por los medios de comunicación, Villarrubia también se refirió a las restricciones de los medios de comunicación y a la presencia policial por la declaración del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. En este sentido, Villarrubia anunció que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha pedido la comparecencia del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que explique lo sucedido.

También arremetió contra la reforma del Código Penal aprobado por el PP que calificó de «injusto, indecente e inmoral» al quedar, en su opinión, los defraudadores impunes. «Es un derecho penal para los millonarios. Si defraudas más de 120.000 euros y pagas no es delito y si lo devuelves en dos meses quedas sin cargos».

En cambio, Villarrubia se mostró contrario que se considere un delito a aquellos desempleados que «cobren indebidamente una prestación», pudiendo tener condenas entres «seis meses y tres años de cárcel». «Es un atropello sin precedentes. Da impunidad a los grandes delincuentes y persigue a los trabajadores», concluyó.