Sevilla

El PP seguro de que la trama de los ERE «le explota en las manos a Griñán»

La Junta aclara que enviará a la juez «el cien por cien de las actas, sin excluir ni una coma»

El presidente del PP-A, Javier Arenas, acusó ayer al jefe del Ejecutivo andaluz de «obstaculizar a diario el trabajo de la Justicia»
El presidente del PP-A, Javier Arenas, acusó ayer al jefe del Ejecutivo andaluz de «obstaculizar a diario el trabajo de la Justicia»larazon

Sevilla- El Partido Popular guardó cautela el martes tras conocerse la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo, que da la razón a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y obliga a la Junta de Andalucía a entregar las actas del Consejo de Gobierno de la última década. Ayer este partido sí entró de lleno en materia. El presidente regional del partido, Javier Arenas –que el martes sólo hizo una alusión al paso–, se refirió a este asunto en una rueda de prensa en Huelva y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, en una entrevista en Canal Sur Televisión.

El PP está convencido de que la consulta por parte de la juez de las 480 actas de los consejos de Gobierno desde el 2001 –año en el que se firmó el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA que dio lugar a la tramitación irregular de más de 700 millones de euros para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis– será crucial en la investigación y puede salpicar a los máximos mandatarios del Ejecutivo andaluz. Sanz deslizó que «estamos ante el inicio del escándalo de los ERE, no al final», y añadió: «La responsabilidad política es directa de quienes han estado al frente de la Junta en estos años y es evidente que coge de lleno y le explota en las manos directamente a José Antonio Griñán», informa Ep.

El PP ya ha acusado en reiteradas ocasiones al presidente andaluz de «tapar y autorizar el fraude de los ERE». La clave está en los documentos de la Intervención remitidos al propio presidente de la Junta, entonces consejero de Economía y Hacienda –entre 2004 y 2009– en los que se avisaba de que el Gobierno andaluz estaba tramitando el dinero del denominado «fondo de reptiles» –la polémica partida 31.L– «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» e incurriendo en desajustes presupuestarios. Griñán ha asegurado que nunca llegó a tener constancia de esos avisos porque no encendían la luz roja del menoscabo de fondos públicos. Por otra parte, la Junta introdujo modificaciones presupuestarias por más de 100 millones de euros del «fondo de reptiles» en los últimos diez años. Y algunas llegaron al Consejo de Gobierno firmadas por Griñán. Entre ellas, la del 27 de noviembre de 2007, sobre la que Alaya pidió en un auto del pasado 15 de julio la certificación del acuerdo del Consejo de Gobierno, «en tanto se sustancia el conflicto de jurisdicción», añadía el auto. Ahora Alaya pedirá el acta completa. Por este terreno discurrió el posicionamiento del PP ayer. De hecho, Sanz dijo que la clave es «si los miembros del Consejo de Gobierno conocieron «este fraude y tuvieron la responsabilidad de decidir» y aludió a los incrementos de las partidas del «fondo de reptiles». En esta línea, Arenas pidió a Griñán que envíe inmediatamente las actas a la juez y al Parlamento. «El presidente de la Junta estaba obstaculizando a diario el trabajo de la Justicia y el TS le ha dicho que hasta aquí hemos llegado».

Por su parte, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, garantizó que la Junta remitirá «el cien por cien de las actas», «sin excluir una coma» y que no ejercerá la «potestad» que le reconoce el TS «para excluir determinadas materias».