Griñán maquilla las cifras para amortiguar el fraude de los ERE

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cifró ayer –en declaraciones a Radio Nacional de España– en menos del 2 por ciento el dinero defraudado perteneciente al «fondo de reptiles» que ascendió a 647 millones de euros. Sin embargo, no toda esa cantidad se dedicó a financiar ERE.

Un total de 87 millones se invirtieron en ayudas a empresas en crisis pero, además, el análisis de la Junta se circunscribe a expedientes laborales que todavía están en vigor. Por tanto, si se incluyen los procesos ya extinguidos y sobre los que se ciernen multitud de sospechas –los denominados ERE «muertos»–, la cantidad podría ser muy superior a los 10 millones de euros defraudados, atendiendo a las cifras reconocidas hasta ahora.

Todo ello sin contar, con las 290 pólizas que, a 10 de marzo, no se habían analizado y que pertenecen a cuatro empresas. Esta semana se dará a conocer el balance final. Si se detectan nuevas irregularidades, el resultado podría ser mucho más abultado.

Griñán, no obstante, defendió que la Junta está manteniendo una «actitud activa» en el asunto. «Es difícil encontrar, en ningún otro caso como éste, precedentes en los que el gobierno haya tenido una actitud similar», subrayó. También señaló que si a un militante socialista imputado en el caso se le sigue manteniendo la imputación tras declarar «tiene que ser suspendido de militancia inmediatamente», en clara alusión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. El presidente de la Junta quiso poner como ejemplo la actuación llevada a cabo con el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, «del que partía toda la irregularidad y le suspendimos de militancia porque se autoinculpó».

«Propaganda mediática»
Por su parte, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, no sólo ratificó el porcentaje aportado por Griñán, sino que lo rebajó hasta «algo más del 1 por ciento». «La cantidad defraudada difícilmente superará esa cifra», aseguró, no sin antes criticar al PP por «hacer propaganda mediática permanentemente para magnificar este asunto». A su juicio, los populares «intentan acuñar la idea de que los 647 millones destinados a estas ayudas fueron mal utilizados». Una estrategia que tiene como «único objetivo elevar el volumen de las cantidades que realmente fueron mal utilizadas».

Para Moreno, con estos argumentos el PP incurre en una «grave irresponsabilidad» porque «cuestiona el derecho de unos 6.000 trabajadores honestos acogidos a expedientes laborales que nada tienen que ver con las irregularidades y nada tienen que temer sobre la percepción de sus prejubilaciones».

De otro lado, el Defensor del Pueblo andaluz acordó iniciar una actuación de oficio para analizar el marco regulatorio «de referencia» y la «práctica administrativa» que se aplica en los ERE. Esta decisión fue adoptada tras recibir «diversas quejas» sobre este asunto, sobre todo después de la polémica suscitada durante estas semanas por los expedientes irregulares.