La trama dirigida por detectives privados pagó hasta mil euros por datos

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, en la operación, en la que la Policía Nacional detuvo ayer a 73 personas en toda España -33 de ellas en Cataluña-, los agentes se incautaron en los registros practicados de casi medio millón de euros, al parecer producto de la actividad ilícita, así como numerosa documentación.

La operación, que sigue bajo el secreto del sumario, está aún abierta y no se descarta que en las próximas horas haya más detenidos en una segunda fase del dispositivo policial en toda España, según las mismas fuentes.

Los 33 detenidos en Cataluña permanecen hoy en dependencias policiales, donde son interrogados por la Policía Nacional en presencia de sus abogados, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.

En la primera fase de la operación, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, la Policía Nacional ha detenido en toda España hasta ahora a 73 personas, entre ellos varios detectives privados, al menos seis guardias civiles, dos mossos d'esquadra, varios policías locales y funcionarios de Hacienda, del antiguo Inem, del Catastro y de la Seguridad Social.

Entre los arrestados también figura, según las mismas fuentes, un trabajador del Ayuntamiento de Barcelona, dos vigilantes aduaneros, un abogado y personas que se hacían pasar por detectives privados, así como empleados de las principales marcas de telefonía, acusados de facilitar a los detectives privados números de teléfono de sus clientes.

Pese a que la estructura de la organización era horizontal, y no piramidal, la investigación sitúa en el centro de la trama a un grupo de detectives privados, conocidos como la "base de datos", que eran los encargados de obtener la información confidencial requerida en sus investigaciones, como números de teléfono móvil, matrículas, informes sobre patrimonio o datos sobre la declaración de renta.

De esta forma, los detectives privados se ponían en contacto con funcionarios públicos a los que pagaban por información confidencial que necesitaban para sus pesquisas, por la que pagaban desde unos 50 euros -por un número de teléfono- hasta mil euros -por informes de la seguridad social-.

La información obtenida a través de los funcionarios públicos permitía a los detectives privados detenidos cobrar por los informes que presentaban a sus clientes por todo tipo de requerimientos, desde casos de divorcio, hasta investigaciones sobre espionaje industrial.

Además, en algunas ocasiones, según las mismas fuentes, con la información obtenida de forma fraudulenta algunos de los detenidos sometieron a chantaje a algunas de las víctimas.

La investigación arrancó hace un año en Barcelona y ha permitido descubrir los tentáculos que la trama desplegó desde Cataluña al resto de España, con detenciones en comunidades como Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana.