El Ayuntamiento demandará a los causantes de su «ruina»

Aún no hay un diagnóstico claro, pero desde que ganaron las elecciones el pasado 22 de mayo, de la euforia inicial se ha pasado a la preocupación por «los sobresaltos» continuos que han provocado los años en los que Alfredo Sánchez Monteseirín y su coalición con IU estuvieron al frente de la Casa Grande. El fiasco de la contratación del concierto de Maná, la falta de fondos para las horas extraordinarias de la Policía Local o el fallido Plan Centro son algunos de los episodios que impiden una gestión óptima de los servicios habituales. «Nos ha tocado asumir las consecuencias y todo no lo puedo solucionar en un día, una semana o un mes», aseguró ayer Zoido tras visitar el entorno de la calle Santo Domingo de la Calzada, en Nervión, donde comprobó los efectos del plan para erradicar la prostitución en la zona.

Así, el primer edil adelantó que el mes que viene se sabrá con exactitud cuál es el estado real de las cuentas municipales y que otros «fallos anteriores» comprometen la gestión del PP en el Ayuntamiento. Ante esta «ruinosa» situación, concretó que desde su equipo de Gobierno no va a haber una intención revanchista con sus predecesores, pero sí deslizó que se pedirán responsabilidades legales una vez que los servicios jurídicos acaben de estudiar, «pormenorizadamente», dicha responsabilidad «en la que pueda o haya incurrido el Ayuntamiento y quién la ha generado». Pese a ello, puso de relieve que serán esos informes «jurídicos» quienes determinarán el camino a seguir en los próximos meses, pero a la vez criticó la manera en la que se han gastado el dinero municipal. De este modo, quiso dejar claro que «no es partidario de vincular los fondos de todos los sevillanos a una decisión caprichosa de los políticos».

Una de estas decisiones es, a su juicio, la que ha generado el retraso en la ejecución del Plan Director de Aparcamientos, que tiene en el aire la devolución de los mil euros de fianza que dieron los vecinos afectados. Una situación que el alcalde achaca directamente el anterior delegado de Movilidad, Francisco Fernández, quien cometió, entiende, un «fallo garrafal», pues ordenó la construcción de los aparcamientos en una zona privada. Por ello, la empresa Equipark mantiene que no devolverá el dinero a los vecinos hasta que el Ayuntamiento no le reintegre el que invirtieron en los parkings que al final no se llevaron a cabo. Para poder salir de este atolladero, Zoido se mostró preocupado ante un posible cambio en la titularidad de Azagra, la empresa matriz de Equipark, pues «lo único que quiero saber es con quién me tengo que sentar y conocer toda la documentación relativa al asunto», dijo el alcalde, para buscar una solución a una cuestión en la que «no ha habido una ilegalidad sino una injusticia». En este sentido, aseguró que ya hay varias delegaciones trabajando para lograr «fórmulas» que satisfagan a unos vecinos que «confiaron de buena fe en el Ayuntamiento».

Vuelta a lo anterior
Por otro lado, también recordó que las señales que limitan el tráfico por el centro a los servicios públicos, carga y descarga, hoteles y acreditados son las mismas que estaban antes de que se iniciara el Plan Centro. Así, la entrada en el casco histórico queda restringida en Trajano, a la altura de la Alameda de Hércules, Águilas (esquina con Caballerizas), el eje San Pedro-Campana en ambos sentidos y en Almirante Apodaca. Respecto al futuro de la calle Luis Montoto, será en septiembre cuando se reúna con los afectados por el sentido único para transmitirles que habrá «una solución y una decisión».


Primer éxito del programa contra la prostitución
Los vecinos del entorno de Santo Domingo de la Calzada, en el barrio de Nervión, se encuentran más tranquilos desde que hace unas semanas se incrementó la presencia de Policía Local en la zona para evitar la prostitución. Se da así un primer paso en el programa que el Ayuntamiento tiene en marcha para erradicar esta práctica de las calles de la ciudad y que se extenderá a otras zonas. En otoño se pondrá en marcha la reforma de la ordenanza municipal contra la prostitución, que recoge multas de hasta 3.000 euros para los clientes.