La encrucijada española (y III) por José Clemente

Las nuevas medidas de ajuste aprobadas por Rajoy el pasado viernes han sido aplaudidas en todo el mundo civilizado, desde Nueva York a Japón pasando por la UE, que busca frenar hemorragias económicas similares a las que todos hemos visto en Grecia, Portugal e Irlanda, porque el milagro de la recuperación existe tal y como lo estamos viendo en el caso irlandés, un prodigio que, dicho sea de paso, tiene su punto de arranque en la aplicación de medidas «excepcionales» donde gane siempre la reducción del déficit público, esto es la diferencia entre gastos e ingresos que es lo que busca el Gobierno y Bruselas nos demanda de manera urgente, sin temor a que se incendie la calle contra Rajoy que es lo que busca el PSOE de Rubalcaba.
Pero, aún siendo ésta la respuesta de los partidos de la oposición, sindicatos y cuantas organizaciones satélites les apoyen, la principal inquietud de Bruselas consiste en saber de la verdadera predeterminación, firmeza y capacidad del Gobierno español en no dejarse arrastrar y mucho menos llevar por el temor a las protestas sociales, pues sean cuales fueren las políticas económicas a poner en marcha la queja siempre llegará desde esos sectores, cada vez más enrabietados por su creciente aislamiento en la mayoría de países de la UE y la necesidad de encontrar alternativas que rompan con esa carencia histórica en la que se encuentran.

Así, el acuerdo griego de rescate aprobado el 10 de mayo de 2010 estableció al país heleno una batería de condiciones entre cuyas primeras recomendaciones figuraba la subida del IVA al tipo máximo, como el resto de países de la UE. Del mismo modo se le exigió un recorte general de su administración local, la suspensión de las pagas extra, la rebaja de los salarios mínimos, una draconiana reducción del número de empleados públicos y una fecha límite con cargo al Estado para la devolución de la deuda. Irlanda, actualmente en vías de salir del agujero, tuvo que aplicar medidas muy parecidas a las griegas, además de reducir en casi un 50 por ciento el número de funcionarios. En el caso portugués nos encontramos con idénticas recetas, que incluyen los despidos masivos de empleados públicos, una dura reducción de la administración que llegó hasta el mismísimo Gobierno, la eliminación de días festivos, pagas extra y renuncia de proyectos e infraestructuras de primer orden.

Y España no va a ser menos si queremos los fondos de la UE para sanear nuestro sistema bancario y cumplir con el objetivo de reducir el déficit del 8,9 que nos encontramos en 2011, al 2,8 que debemos llegar en 2014, lo que supone un ahorro equivalente a 65.000 millones en estos dos años y que nos obliga por ser el menos malo de los malos compromisos. De momento se ha hablado de eliminar la paga extraordinaria; de la subida del IVA hasta una media del 14 por ciento (entre el 21 y el 4 por ciento); de poner fin a las deducciones por vivienda; de prolongar la edad de jubilación; de recortar prestaciones sociales; de subir los impuestos especiales (tabaco, alcohol…) y de meter en cintura a las administraciones central, autonómica y local, fuentes de grandes y en ocasiones superfluos gastos. Y como dice Rajoy «no hacemos lo que nos gustaría, sino lo que debemos», o, «trabajamos en beneficio de los que nos aplauden y de los que protestan», porque las medidas, que no son fáciles de tomar, tocan ahora porque alguien no hizo los deberes cuando tocaban.