Luz verde a la nueva Ley Antipiratería

Llegó al Congreso con algunas aristas que pulir. Las mismas que ayer la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida arreglaron para que la ley contra la «piratería» pueda aprobarse en el Senado respaldada por un amplio consenso. Los tres partidos alcanzaron un acuerdo sobre el texto de esta polémica ley in extremis, escasas horas antes de que finalizara el plazo para la presentación de enmiendas. Finalmente, consiguieron acercar sus posturas hasta alcanzar un texto en el que se incluyen mayores garantías judiciales que en la primera propuesta.

En un principio, era la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente de Cultura, el organismo encargado de identificar al responsable del servicio presuntamente ilegal. En la enmienda conjunta, presentada ya en el Senado, se asegura que «tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial. Una vez obtenida, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios». De esta manera, se limitan las competencias de la Comisión, uno de los puntos que más críticas había suscitado, principalmente, entre los usuarios de internet.

«El consenso no es fracaso»
Si la Comisión estima que una web está vulnerando los derechos de propiedad intelectual, pedirá la autorización judicial pertinente que le permita hacer la identificación del presunto infractor. El Juzgado tendrá un plazo de 24 horas para autorizar dicha identificación del prestador del servicio. Si procede, la Comisión requerirá una vez más de autorización judicial para interrumpir la prestación del servicio o para retirar contenidos. Antes de proceder a la interrupción del servicio, el prestador «deberá ser requerido a fin de que en un plazo de no superior a las 48 horas pueda retirar voluntariamente los contenidos declarados infractores o realizar las alegaciones que estime oportunas». En todo caso, la ejecución de la medida en caso de incumplimiento requerirá de resolución judicial: «Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo dicha autorización, así como autorizar la ejecución para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual», reza la enmienda.

La ministra de Cultura aseguró que la enmienda en torno a la ley «sobre todo refuerza las garantías de derechos fundamentales que ya existían». Durante la rueda de prensa que González-Sinde ofreció en el Senado, explicó que este compromiso, reclamado insistentemente por el PP, no es una «derrota porque alcanzar un consenso es una victoria, sobre todo para los ciudadanos y los usuarios». Los internautas tienen que tener absoluta tranquilidad porque esta ley no les perseguirá», finalizó.

 Duran Lleida se congratuló de que finalmente se haya podido «cerrar un acuerdo entre su formación, el PSOE y el PP alrededor de una fórmula mucho más garantista que la inicialmente propuesta por el Gobierno y que equilibra los derechos de los internautas con los de los creadores». A su juicio, el consenso alcanzado con el PP «hace que se garanticen y refuercen los derechos como el de la intimidad y el de libertad de expresión». Además, ha agregado que «los cambios al procedimiento mixto y judicial amplían esas garantías pero no alteran el procedimiento que había propuesto inicialmente el Gobierno, ya que será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia, y no se actuará sin denuncia previa».

Todos los derechos
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró durante la entrevista realizada por Gloria Lomana en Antena3 que esta normativa «supone proteger los derechos de los autores y los de los españoles respetando el secreto de comunicación y la libertad de expresión. Además, supone que los derechos de los españoles son tutelados por un juez», añadió.

El portavoz de Cultura del PP, José María Lassalle, otro de los artífices de este consenso, destacó que este grupo ha llegado a un acuerdo con el PSOE y CiU después de que la norma contemple su petición de que el infractor de los derechos de propiedad intelectual sea identificado en 24 horas, «siguiendo los criterios que desde un principio ha mantenido el PP. El procedimiento es tremendamente rápido, en 24 horas se identifica judicialmente al usuario, como si fuera un mandato judicial de entrada a un domicilio, y todo el procedimiento está tasado para que en un plazo muy corto se produzca la protección de los derechos de propiedad intelectual cuando se acrediten que se están vulnerando las leyes», explicó Lassalle tras conocerse el pacto alcanzado.

Jueces en todo el proceso
Lassalle ha insistido que el objetivo de la nueva norma es «garantizar judicialmente cualquier intervención que se produzca. Para ello, el principal cambio es que existe una autorización judicial previa» que identifica a quien vulnere los derechos de propiedad intelectual, seguido de una «ejecución judicial de las medidas a partir de las sanciones establecidas por la comisión de propiedad intelectual. Quien identifica a quien vulnera derechos será siempre un juez», detalló el diputado. «El desarrollo del procedimiento está en manos de la comisión y la ejecución de las sanciones que adopta la comisión la asume también un juez», sentenció.

 Presumiblemente, la enmienda conjunta fruto de este acuerdo llegará al Senado el próximo 9 de febrero antes de seguir su trámite en el Congreso.


El detalle: días contados para el canon
Otro de los puntos que se incluyó en la enmienda de la disposición final segunda del proyecto de ley de economía sostenible fue el canon digital. Tras la sentencia del tribunal europeo, en el que se considera su aplicación en nuestro país «indiscriminada» por la inclusión de las personas no físicas, la industria, Cultura y las sociedades de gestión han comenzado a negociar su reforma.

Ayer, en el marco del acuerdo, la ministra también anunció que en un plazo de tres meses como máximo desde la aprobación de la ley, la modificación del canon digital de acuerdo con la jurisdicción de la Unión Europea. Según la enmienda, la Comisión «dará solución a los conflictos que se susciten entre entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario». Además la enmienda pactada asegura que dicha Comisión «podrá fiar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios o las entidades de radiodifusión».