Sevilla

Seis años y 647 millones después la Junta cambiará las ayudas a los ERE

El PP señala que lo hacen cuando les han pillado «con las manos en la masa» y exige dimisiones.

Viera fue el precursor del convenio del IFA, sistema que ahora va a cambiar Griñán
Viera fue el precursor del convenio del IFA, sistema que ahora va a cambiar Griñánlarazon

SEVILLA- Pese a que la Intervención General instó en 2005 a cambiar la gestión de las ayudas a empresas en crisis y trabajadores afectados por ERE por prescindir «de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», la Junta no asumirá esa recomendación hasta 2011. El consejero de Empleo, Manuel Recio, confirmó ayer que lo hará bajo los principios de «publicidad, transparencia, concurrencia no competitiva, igualdad y no discriminación», es decir, todo lo contrario a cómo se han gestionado 647 millones de euros entre 2001 y 2010.
El 17 de julio de 2001, el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera firmó un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –presidido por Antonio Fernández, que relevó a Viera en el cargo en 2004– para pagar las ayudas sociolaborales. Este acuerdo ha sido prorrogado tácitamente hasta la fecha, y ahora es la Agencia IDEA –organismo sustituto del IFA– la que hace esa labor. Desde la Consejería de Empleo se transfería el dinero a estos entes autónomos y se dictaban las órdenes de pago a las empresas y a los trabajadores beneficiarios de una póliza de seguro hasta la edad de jubilación.
Aunque el proceso ha sufrido pequeños cambios administrativos, la base se ha mantenido hasta ahora. El Presupuesto autonómico recogía y recoge las cantidades en la partida «31L. Administración de las Relaciones Laborales» de la Consejería de Empleo. Hasta ahí, todo normal. El problema es que la administración paralela recibía estas cantidades en concepto de transferencias de financiación de explotación, una fórmula que dificulta el control parlamentario. La Intervención General ya advirtió en 2005 que no consideraba adecuado este sistema y la Policía Judicial afirma en su atestado que vulnera la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La alternativa era sencilla: una subvención reglada amparada por una orden o una subvención excepcional a todos los que cumplieran los requisitos.
Las ayudas no se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; no ha existido concurso público para que las aseguradoras presentaran sus ofertas antes de la formalización de las pólizas; los brokers o intermediarios eran los mismos, Vitalia o Uniter; el criterio para seleccionar las empresas afectadas por ERE era arbitrario y no público; y se han otorgado 130 subvenciones discrecionales a sociedades sin exigirles planes de viabilidad y un posterior seguimiento de las cantidades otorgadas.
Todo este modelo heredado de la época de Manuel Chaves y que ha continuado en los dos años de Griñán como presidente es el que se va a cambiar ahora. Recio no cree que esto suponga una desautorización a sus predecesores en el cargo, sino que lo enmarcó en el proceso de «continua mejora» de la Administración. Un «avance» que se basará en una Orden de 5 de abril de 1995 de cuando el actual presidente andaluz era ministro de Trabajo. La pregunta es ¿por qué no se adoptó antes?
Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, afirmó que con este anunciado cambio normativo, la Junta admite que Griñán «supo, tapó y permitió que se siguieran haciendo estas ayudas», ya que en 2005 era consejero de Economía y Hacienda. Señaló que lo hacen ahora «cuando les han pillado con las manos en la masa» y que «ya deberían haberse producido dimensiones y no ha dimitido nadie».
Sanz exigió de nuevo una comisión de investigación, petición a lo que volvió a negarse la Administración autonómica.
Sí apostó por ella el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, para el que «cuánto más se tira del hilo, más necesaria se hace».


Las ayudas europeas, a las fiscalías
La Fiscalía Superior de Andalucía remitió ayer a la Fiscalía de Sevilla toda la documentación y las diligencias incoadas dentro de la investigación sobre posibles «irregularidades graves» y «fraude» en la gestión de las ayudas europeas al empleo en Andalucía, según informó Ep. La investigación afecta a todas las provincias andaluzas excepto Huelva. El Ministerio Público procederá a estudiarla en los próximos días antes de tomar una decisión al respecto.