Griñán sin argumentos para rebatir que debió conocer las irregularidades

Sevilla- El documento que mostró el jueves en el Parlamento el Partido Popular y que deja claro que el presidente andaluz debió conocer las irregularidades del procedimiento para la gestión de las prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis coloca a José Antonio Griñán en una situación extremadamente delicada.
Todas las miradas estaban ayer puestas en la reacción del jefe del Ejecutivo andaluz, quien se refirió sólo de pasada a este asunto en un acto público en Málaga y no fue capaz de deshacer el círculo de responsabilidad que le rodea en este momento. Griñán consideró que «no parece lógico» que se publique un oficio de remisión «sin decir lo que dice el oficio», del que señaló que «en ningún momento plantea irregularidades, menoscabo financiero ni informe de actuación». «Eso lo saben –deslizó en alusión al PP– pero qué más da, con un simple papelito de remisión se puede armar mucho ruido».
El documento que hizo público el PP es una comunicación interior del interventor general Manuel Gómez remitiendo, en 2006, a la entonces viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo –actual consejera de Hacienda– el informe definitivo de cumplimiento de la agencia IDEA del año 2004, «para su conocimiento y traslado al consejero de Economía», es decir, a José Antonio Griñán. Hay que recordar que IDEA, antes IFA, es la empresa dependiente de la Consejería de Innovación a través de la cual se vehicularon opacamente 647 millones de euros desde 2001 hasta 2010.
De ese mismo ejercicio 2004 al que alude el informe definitivo de cumplimiento, la Intervención General de la Junta remitió en 2005 tanto a la Consejería de Empleo como a la de Economía unas duras conclusiones que ponían de relieve que se se habían tramitado las subvenciones excepcionales «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».
Por tanto, aunque la Intervención no detectara menoscabo de fondos públicos, tal y como alega Griñán, dado que una auditoría aleatoria de 20 expedientes no cazó a ningún «intruso», sí que alertó de irregularidades en un procedimiento, iniciado con el acuerdo de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, denominado transferencia de financiación de explotación, que permitió desfases financieros y, sobre todo, que las ayudas se saltaran el filtro del BOJA y del Consejo de Gobierno. El «fondo de reptiles» al que aludió en su declaración ante la Policía Judicial el ex director general de Trabajo.
El PP está convencido de que Griñán conoció estas luces rojas que encendió la Intervención porque así lo mandató el interventor Manuel Gómez. Sin embargo, Martínez Aguayo se inmoló recientemente en una rueda de prensa asegurando que no le comunicó el contenido de los expedientes a su superior debido a que eran de carácter ordinario y no de actuación, que son los que se abren cuando hay menoscabo de fondos públicos. ¿Qué es lo extraño? Que Aguayo, mano derecha de Griñán desde 2004 a 2009 en la Consejería de Economía, no le comentara nada. Y que el presidente andaluz se parapete en los informes de actuación, cuando la Administración no ha abierto ninguno en 30 años.
Así las cosas, el presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió ayer la dimisión «inmediata» de Griñán porque «sabía lo que estaba pasando» y anunció que también reclamarán en la Cámara la reprobación del actual titular de Empleo, Manuel Recio, y de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Griñán instó al líder del PP-A a que presente una moción de censura.