El régimen se desmorona

La situación política en Andalucía presenta los síntomas de un cambio de ciclo, si bien le cuadraría mejor, después de tres décadas de poder omnímodo socialista, la descripción de la caída de un régimen. El escándalo de los ERE, las acusaciones que pesan sobre los hijos del anterior presidente regional, la división en el PSOE y una comunidad a la cola en casi todos los parámetros económicos y sociales de España han configurado un escenario crítico. En el seno del partido, la pugna entre Chaves y Griñán se ha llevado por delante al consejero de Gobernación, Luis Pizarro, estrecho colaborador del primero y número dos del partido. Su renuncia, así como las marchas de otros afines, ha sido la expresión pública de una guerra intestina cuyos efectos pueden ser letales. De entrada, el partido se agrieta y se resiente por la falta de liderazgo. Pero también se resquebraja un modelo de hacer política que parecía invulnerable y al que la crisis, el paro y el empobrecimiento han minado hasta la raíz. La red clientelar que este régimen ha tejido durante treinta años ha constituido un blindaje y una garantía para perpetuarse en el poder. Bajo esa opaca maraña de intereses se ha fraguado, por ejemplo, el fraude de los ERE, que parece apuntar directamente a Griñán y Chaves, entre otros. Aunque debe anteponerse, antes que nada, la presunción de inocencia, la responsabilidad política de ambos parece apoyarse en distintos documentos oficiales. Lo cierto es que el escándalo crece casi a diario. Hoy, LA RAZÓN publica que la Junta dio una subvención de 150.000 euros a una empresa vinculada a dos de los imputados en la trama de los ERE. Un dinero público que fue a parar a una sociedad que no reunía los requisitos necesarios. Con ser grave lo probado hasta la fecha, lo parece aún más que el Gobierno andaluz haya persistido en entorpecer la labor de la Justicia. Que la jueza que instruye esta investigación haya dado un ultimátum de 72 horas a la Junta ante la reiterada desobediencia en la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001, so pena de acusarla de obstrucción, demuestra hasta qué punto los gobernantes socialistas se sienten por encima del bien y del mal, síntoma inequívoco de deterioro institucional. Además, no cabe ignorar las acusaciones de nepotismo que se han dirigido a Chaves, basadas en informaciones sobre las ayudas millonarias a la empresa donde trabajaba su hija o las confusas actividades profesionales de su hijo, que habría mediado a favor de varias empresas para contratos públicos a cambio de comisiones. Insistimos en que es necesario respetar la presunción de inocencia, pero no podemos ocultar que las acusaciones son graves y exigen que Chaves cumpla con su deber de dar explicaciones convincentes y no limitarse, como hizo ayer, a responder que «no tiene nada que decir». El régimen socialista enquistado en Andalucía desde la Transición democrática se desmorona y las encuestas indican que el cambio es posible después de un paciente y serio trabajo del PP. Será positivo para una comunidad lastrada por un partido que se apropió del poder para eternizarse en él con el resultado conocido.