IU afloja su posición en los ERE: ve «difícil» culpar a Griñán y salva a Recio

SEVILLa-Izquierda Unida es el partido que más se juega en la comisión de los ERE fraudulentos. Su actitud a lo largo de la fase de comparecencias ha sido crítica, contundente en muchos momentos y ha conseguido algo que «a priori» parecía difícil: distanciarse de sus socios de gobierno en el bipartito andaluz. Pero la verdadera prueba está por llegar. Dependiendo de lo que plasme la coalición en las conclusiones, así saldrá bien o mal parada su imagen. El tiempo se estrecha. Los grupos aprobarán el dictamen de la comisión el próximo 22 de noviembre y el debate en Pleno tendrá lugar entre el 28 y 29 de este mes.

Las señales que va lanzando la coalición de izquierdas no indican precisamente que las conclusiones vayan en la línea crítica mantenida hasta ahora. El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, asegura, en una entrevista con Europa Press, que van a exigir responsabilidades políticas a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Sin embargo, no tiene nada claro hacer lo mismo con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

Entiende Castro que la Consejería fue un «hervidero» de malas prácticas entre 2001 y 2010. Fernández y Guerrero están en el ojo del huracán. Los dos han salido de la cárcel tras pagar fianza y en estos momentos figuran entre los principales responsables de la trama. Viera no está imputado, aunque la Guardia Civil ha destacado su papel «esencial» en el caso. Fue el firmante, junto a Fernández, del conocido convenio de julio de 2001 que dio lugar a todas las irregularidades posteriores.

No es tan fácil salvar de responsabilidades políticas a Griñán. El presidente andaluz, siendo consejero de Economía y Hacienda (2004-2009), fue destinatario de reiterados informes de la Intervención general que alertaban de graves irregularidades. Entre otras, que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y que el modelo elegido, del que discrepa abiertamente la Intervención, estaba generando un desfase que en 2003 ya se elevaba a 38 millones de euros.

La responsabilidad política que IU veía clara en la comparecencia de Griñán –la portavoz de IU le espetó: «Si su coche le avisa con una luz de que falta líquido de frenos, ¿usted sigue hasta darse el tortazo?»– ahora no está tan clara. El protavoz parlamentario de IULV-CA dice, en la citada entrevista, que es «muy difícil» delimitar este tipo de responsabilidad, «cuando buceas y ves cómo estaban establecidos los mecanismos de control y hasta dónde podían llegar las alertas». «En ese ámbito es mucho más difuso y complicado establecer esas responsabilidades». La reflexión la aplica también al ex presidente Manuel Chaves.

IU descarta, asimismo, pedir responsabilidades políticas al ex consejero con Griñán Manuel Recio, ya que su actitud fue la de poner las irregularidades encima de la mesa «más que continuar con esas malas prácticas». No obstante, la juez encargada del caso ha imputado a un ex director general en el cargo con Manuel Recio, Daniel Alberto Rivera. Entre otras cosas, por continuar con el procedimiento heredado de la etapa anterior. Además, Recio, según el testimonio de una ex asesora de la Consejería de Empleo, María José Rofa, capitaneó la visita secreta a la Consejería de Empleo en el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010 tras saltar el escándalo. Revisaron expedientes a escondidas aprovechando que no había funcionarios.