La institución del Área Metropolitana impone el catalán en su reglamento

BARCELONA- El organismo supramunicipal del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó ayer en sesión plenaria relegar al castellano a un segundo plano para favorecer el uso de la lengua catalana. El «Reglamento orgánico metropolitano» de esta institución que, entre otros se encarga de coordinar aspectos del área metropolitana claves como el transporte, la vivienda social o la gestión de los residuos, fue aprobado con los votos a favor de CiU, PSC, ERC e ICV.

El PP, por su parte, votó en contra de esta iniciativa porque «si este reglamento impulsado por el área metropolitana que preside Trias considera el catalán como lengua propia, el castellano queda como una lengua impropia, cuando ambas lenguas son de Cataluña», explicó el presidente del grupo municipal, Alberto Fernández.

El antecedente
Para los populares, con la aprobación de esta normativa se da una situación similar a la del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona, que desde su aprobación en 2010 también excluía el castellano, por lo que acabaron recurriendo a la justicia para intentar modificar la situación. Finalmente, este mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y después el Tribunal Supremo, obligaron a modificar los siete artículos que consagraban al catalán como lengua única de la administración. El Ayuntamiento, no obstante, aseguró que mantendrá el catalán como la lengua de uso y aprobó una declaración para defender la preeminencia de esta lengua en la vida pública.

Fernández consideró que Trias «quiere hacer la misma jugada en el AMB» y «relegar al castellano a un segundo plano». Denunció que «un reglamento no debe representar un uso excluyente», sino que debe recoger las dos lenguas oficiales de Cataluña. Para el PP, deben ser los ciudadanos quienes deciden «en qué idioma se quieren relacionar con la administración» y ésta tener capacidad de atenderle en catalán o castellano.
El AMB es un organismo supramunicipal cuya creación fue aprobada en el Parlament el 27 de julio de 2010 con el objetivo de coordinar de manera eficiente los servicios que afectan a unos 5 millones de personas.