En concreto, Víctor Manuel aparecía como consejero de Espectáculos Príncipe Pío y del Teatro Príncipe Pío, sociedades ambas presididas por Teddy Eduardo Bautista García, imputado en el caso SGAE. Curiosamente, ambas compañías cerraron sus puertas en junio pasado. La primera lo hizo el día 13 de junio y la segunda registró su disolución voluntaria el 9 de ese mes.
En Espectáculos Príncipe Pío figuraban como consejeros, además de Víctor Manuel, Francisco Galindo Villoria y Pablo Hernández Arroyo, que, a su vez, ostentaba el cargo de secretario. Esta empresa, cuya última anotación en el registro data del 13 del mes pasado, se creó en febrero del año 2000 con un capital social de 3.200 euros y con el fin de «realizar, producir y explotar mediante la puesta en escena de toda clase de obras y espectáculos de carácter musical, dramático, lírico...» El registro mercantil desvela una incidencia de esta sociedad ante los juzgados de lo civil. Espectáculos Príncipe Pío SL fue demandada por Mobiliario Urbano S.A. Esta compañía la llevó a los tribunales para exigirle el pago de 54.315,37 euros. Además, Espectáculos Príncipe Pío registró pérdidas en los dos últimos ejercicios en los que consta su cuentas de resultado en el registro mercantil. Así, en 2008 perdió 321 euros, frente a los 843 de 2007. Mientras, sus fondos propios se situaron en números rojos en 4.053 euros en 2008 y 3.228 en el ejercicio anterior. Además de Víctor Manuel, Francisco Galindo y Pablo Hernández, en Teatro Príncipe Pío, Ricardo Azcoaga, director financiero de la SGAE e igualmente imputado en este caso, aparecía como consejero.
La compañía fue constituida en mayo de 1999 con un capital social de 3,632 millones de euros y con el objeto social de la «realización, estudio, programación y ejecución de proyectos de carácter socio-culural, tales como espectáculos teatrales y cinematográficos». Esta compañía también registró pérdidas durante los dos últimos ejercicios en los que inscribió sus cuentas en el registro mercantil. En 2009, se elevaron a 44.202 euros y en 2008 contabilizó unos números rojos superiores a 1,132 millones. Este nivel de pérdidas choca con la ausencia de endeudamiento en ambos años.
Las dos empresas operaron durante 2003 y 2009, período en los que a Bautista y Azcoaga se le imputa un delito de desvío de fondos. Tanto Teddy Bautista como Ricardo Azcoaga –además del director general de la entidad, Enrique Loras– quedaron el pasado domingo en libertad con cargos. Todos fueron imputados por un presunto delito continuado de apropiación indebida de «especial gravedad», debido al valor defraudado, y de administración fraudulenta. Bautista, además, fue imputado también por un delito societario por negativa o impedimento a los socios de los derechos de asociación y participación.
Siguen los interrogatorios
En el caso del delito de apropiación indebida, se enfrentan a una pena de hasta seis años de prisión, mientras que el presidente ejecutivo de la SGAE también podría hacer frente a un máximo de 12 meses de multa por el societario. Junto a ellos, en lo que se refiere a la administración fraudulenta, la Ley marca hasta cuatro años de prisión. Por su parte, la Guardia Civil prosigue con los interrogatorios, por lo que podría haber nuevas imputaciones.

Se busca ex ministro para lavar la imagen
Durante la rueda de prensa de la junta directiva de la SGAE quedó claro que no todos quieren dejar el pasado atrás de la misma manera. La «vieja guardia» de Bautista, de la que Caco Senante y Víctor Manuel son una buena representación, se empeñaron en reiterar que Teddy seguía al mando. Fue Sabino Méndez el que, con rotundidad, afirmó que ha quedado suspendido de sus funciones. Méndez, junto a Ernesto Caballero, podrían ser los propulsores de la búsqueda de la figura externa que dirigirá la comisión gestora, una personalidad que aporte credibilidad y prestigio. Para conseguir estos objetivos, tienen en mente el perfil de un ex ministro, no necesariamente del área de Cultura, con un historial académico sólido en aspectos jurídicos y administrativos. Además, la decisión deberá ser consensuada, e insisten en que su fichaje no puede suponer otra polémica. El ex ministro de Cultura César Antonio Molina respondería a este perfil, pero hay otros nombres que parece se están barajando.

Teddy Bautista
El presidente ejecutivo de la Sociedad General de Autores y Editores quedó el pasado domingo en libertad con cargos acusado, entre otros delitos, de apropiación indebidad de «especial gravedad» y de otros delito societario. El primero está penado con hasta seis años de cárcel.

Ricardo Azcoaga
Director financiero de la SGAE y que participa en una de las sociedades, fue detenido el pasado 1 de julio e imputado por presunta comisión de delitos societarios y de blanqueo de capitales. Quedó en libertad.

Víctor Manuel
Otro de los que apoyan a Bautista y uno de los encargados de «dar la cara» a la hora de defender a la SGAE. Víctor Manuel participa en un par de empresas con dos de los imputados en la trama, Francisco Galindo y Ricardo Azcoaga.

Francisco Galindo
El secretario general de la SGAE es de los que se mantienen al lado de Teddy Bautista y sigue reclamando la presunción de inocencia. Junto a otro miembro de la junta directiva de la sociedad, Víctor Manuel, participó en dos sociedades que, curiosamente, se extinguieron el mes pasado.