Inutilidad y ridículo

¿Por qué nadie ha resaltado que la coña esa de las traducciones a las lenguas autonómicas en el Senado sólo se ha aprobado para el turno de mociones en los plenos? No será utilizada en las preguntas al Gobierno, ni en las interpelaciones, ni en los proyectos de Ley. Ni el presidente ni los ministros pasarán por esa estupidez. ¿Por qué? Porque, a pesar del ridículo de la aprobación, han evitado el esperpento de contemplar la imagen de un ministro hablando en catalán y obligando al presidente o a otro ministro a colocarse los auriculares porque no le entienden. Más aún, la traducción es pasiva. Sólo se hace al castellano. Hable en la lengua que se hable desde la tribuna, todos lo escuchan en castellano. ¡Joder, qué tropa!, Romanones dixit. Dicho esto, el Senado tiene un problema mayor, el de su inutilidad. ¿Para qué sirve, si la mecánica parlamentaria demuestra su ineficacia? La comprobamos en la última elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. El Congreso de los Diputados aprueba el proyecto. La Ley va al Senado y allí se cambia. Retorna al Congreso y éste la vuelve a modificar para dejarla tal y como había salido inicialmente. La misión que la Constitución reserva para el Senado, no ha sido promovida por los gobiernos. Se trata, además, de una institución que no existe en todos los países democráticos o tienen un número menor de escaños. La cuestión no está en los 300.000 euros anuales que vale la traducción pasiva, sino en los 55,2 millones –casi 10.000 millones de pesetas– que esta Cámara Alta nos cuesta al bolsillo de los contribuyentes para nada, en en un momento en que millones de ciudadanos están parados o con necesidades. Así es la vida.