El abogado del Consistorio acusa al fiscal de temeridad y mala fe

Valencia- El juicio que se sigue en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, contra el edil Jorge Bellver y cuatro imputados más, por el delito de prevaricación urbanística por la ejecución del aparcamiento de la calle Severo Ochoa sin el informe de la Dirección General de Patrimonio, quedó ayer visto para sentencia después de las declaraciones de los últimos testigos y las extensas y pormenorizadas conclusiones de las partes.
El fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, es decir, que mantuvo su acusación de los delitos de prevaricación urbanística, y alternativamente, de prevaricación administrativa, para el concejal y algunos de los imputados. El resto serían colaboradores necesarios.
Las defensas pidieron la absolución y denunciaron que el procedimiento se haya seguido por lo penal, cuando «sería difícil discernir si hubo falta administrativa».
En este sentido, el abogado de la ciudad que lleva la defensa de tres de los funcionarios imputados no solo pidió la absolución sino que reclamó la condena en costas a la parte acusadora, el Ministerio fiscal, por temeridad y mala fe.
Las dos defensas, tanto del imputado Juan Antonio Altés, como del concejal Bellver, coincidieron en que «el Derecho Penal está para cosas más graves» y que «no se puede sustanciar una acusación tan grave en argumentos tan endebles».
Las defensas aportaron jurisprudencia en la que la propia Fiscalía del TSJ exculpaba a otras autoridades «por firmar lo que dicen los informes técnicos» y advirtieron del uso «espurio» del Derecho Penal.
En este sentido, Bellver en su alegato final destacó su confianza en los funcionarios y los 18 meses de daño irreparable a su familia.