Suficiencia económica por José Luis Requero

«Copago judicial». Con este título publicaba hace meses un artículo en estas páginas. Defendía la necesidad de abrir un debate sobre el copago en la Justicia y decía que cuando el Conseller de Justicia valenciano lo planteó meses antes a nadie dejó indiferente, ni a propios ni extraños. Los extraños calificaron la propuesta de «broma» y entre los propios, la secretaria general del PP lo redujo a una opinión personal del Conseller. Ahora lo ha planteado el propio ministro de Justicia en su primera comparencia en el Congreso, luego ni broma ni ocurrencia personal. El copago o tasa judicial forma parte de un debate más amplio: si el ciudadano debe soportar parte del gasto de mantenimiento de servicios esenciales que no pueden financiarse sólo con cargo a los presupuestos, máxime en época de restricción del gasto público. Es el caso de la sanidad, educación, etc. Frente a planteamientos de «gratis total», el copago contribuye a la madurez del ciudadano que verá que si pone en marcha una organización costosa debe contribuir a su mantenimiento, luego más le vale estar seguro de que tiene razón para hacerlo. El litigante temerario o el que se sirve de los procesos para retrasar el cumplimiento de sus obligaciones debe saber que sus pleitos no los costearán el resto de los ciudadanos con sus impuestos ni la parte contraria, por lo que se le impondrán las costas.

Hay exceso de litigiosidad. La solución fácil, tradicional y costosa es «más jueces», lo que complica el problema: la organización se vuelve mastodóntica, ilógica y caótica; se rebajan las exigencias para ser juez, lo que lleva a su proletarización y la litigiosidad no mengua, con lo cual vuelta al inicio, hacen falta más jueces ante la inexistencia de medidas que disuasorias.

Habrá que esperar a que la propuesta se concrete y habrá que evitar, además, errores del pasado como concebirla como una cuestión estrictamente fiscal, ajena a un derecho fundamental al acceso a la Justicia; deberá evitarse que para las grandes empresas –o las Administraciones- su pago carezca de efecto disuasorio. Y debe ligarse a un objetivo inaplazable: que la Justicia llegue a contar con su propia financiación, lo que reforzaría su independencia como Poder del Estado, un Poder de siempre mendicante, pobre y bastante cutre. Salir de esa pobreza pasa por la suficiencia económica.

José Luis Requero
Magistrado