Otro varapalo judicial desata un efecto dominó contra la «ley del enchufismo»

SEVILLa- Justo en el momento en el que el Gobierno andaluz está perfilando una RPT, un catálogo de puestos de trabajo para ensamblar la estructura laboral de cada una de las ocho macroagencias creadas tras la Ley Reordenación del Sector Público, en los tribunales se multiplican las sentencias en contra de esta integración de personal: un efecto dominó que amenaza con tumbar la ley que ha levantado a miles de funcionarios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado, en una sentencia emitida este jueves a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la suspensión de la integración del personal proveniente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de los consorcios comarcales Utedlt –que aglutinan a más de 1.500 personas– en la agencia del Servicio Andaluz de Empleo. El fallo se produce tras la apelación de las asociaciones «Al Andalus» y «Defiendo mi derecho y función pública» a un auto del juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla. No cabe la posibilidad de recurso.

El TSJA alude a la reciente sentencia emitida por este mismo tribunal el 2 de noviembre, que declaraba nulos los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ya que no se respetaban los «principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución».

«Más que una huida del derecho administrativo», los estatutos suponen un «desprecio al Estado de Derecho». «Idéntico supuesto se produce en las reglas 3ª y 4ª del Protocolo, por el que se pretende integrar al personal al servicio de la Faffe y de los consorcios Utedlt como personal laboral de la Agencia eludiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad». «La existencia, en la actualidad, de criterio de esta Sala de la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución –relativo a la igualdad de derechos para acceder a funciones y cargos públicos– determina la estimación del presente recurso de apelación». LA RAZÓN ya adelantó a finales de septiembre que la Fiscalía respaldaba en el primer recurso interpuesto en el juzgado Contencioso-Administrativo la tesis de los funcionarios y la vulneración, por tanto, de derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

La jurisprudencia que relaciona esta sentencia con la del pasado 2 de noviembre es lo que hace prever un efecto dominó. Los funcionarios tienen recurridos tanto los Estatutos como los protocolos de integración de las ocho macroagencias. En junio un juzgado acordó la suspensión cautelar de la integración de personal de la antigua Egmasa en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), recientemente el TSJA tumbó los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y ahora este mismo Alto Tribunal suspende la integración de personal en el SAE. Los funcionarios están convencidos de que el resto de sentencias también serán en contra porque todos los recursos se apoyan en la misma argumentación legal. Sólo es –dicen– cuestión de tiempo.

Usurpación de potestades públicas
1. Denuncias Tanto sindicatos como funcionarios a título particular han denunciado en los juzgados y ante la Inspección General de Servicios la usurpación de potestades públicas por parte de personal «a dedo» que se ha integrado en las agencias. Estas potestades, por ley, están reservadas exclusivamente a funcionarios.
2. Temas sensibles Los ex de Faffe llevan ya semanas haciendo uso de claves informáticas que sólo pueden usar funcionarios de carrera, tienen una dirección de correo sin la anterior «ext» que los identificaba como externos y trabajan con temas sensibles como la tramitación de subvenciones públicas.
3. Faffe, centro de colocaciónLa Fundación Pública Fondo de Formación y Empleo ha sido una de las principales empresas que ha servido de nicho de colocación de personal afín a la estructura socialista. Más de 1.500 personas que han visto blindado su puesto de trabajo con la reordenación empresarial.