La CE multará a España con 230 millones por vulnerar la normativa del vino

La Comisión Europea pretende imponer a España una corrección financiera (multa), que oscilará entre 150 y 230 millones de euros, por incumplimiento de la normativa en el sector del vino. En estos momentos, responsables del Ministerio que dirige Elena Espinosa, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), negocian con los encargados de los servicios competentes de Bruselas la cantidad final. El resultado definitivo se podría conocer antes de que acabe el año. La citada multa corresponde a la regularización de las plantaciones de viñedo realizadas antes de 1998 y afectaría a unas 38.000 hectáreas. Desde Madrid argumentan que las posibles irregularidades que denuncia la Comisión afectarían a una parte de la citada superficie y no a la totalidad de la misma.

Mientras tanto, ayer comenzó en todo el ámbito de la Unión Europea (UE) la nueva campaña de comercialización vitivinícola, que se presenta con algunas novedades. Justo en estos momentos los encargados de la política del vino en el MARM trabajan en un proyecto de real decreto, que podría aprobarse en septiembre, por el que se regularán las ayudas a las inversiones en este sector. La medida forma parte del programa español de apoyo al vino elaborado en aplicación de la reforma de esta Organización Común de Mercado (OCM) decidida en 2008. Los redactores de esta norma negocian con la Comisión Europea el enfoque de este plan, ya que se debe evitar que haya solapamiento de las acciones a subvencionar con las ya contempladas en la política de desarrollo rural. Entre otras actuaciones, a través de ese real decreto se regularán la concesión de ayudas a la construcción, la adquisición o mejora de bienes inmuebles, el alquiler de maquinaria y equipos para mejorar las instalaciones, los costes derivados de la contratación de ingenieros, consultores o la realización de estudios de viabilidad.

Otra de las novedades importantes de esta nueva campaña, que es la tercera en la que se aplica la reforma del sector aprobada por los ministros de Agricultura en 2008, es la desaparición de las ayudas que percibían los productores cuando contrataban vino para la destilación de alcohol de boca. Esta medida se ha mantenido durante las dos campañas anteriores como solución transitoria. En cambio seguirán las ayudas a la destilación de subproductos y la llamada destilación de crisis. Mientras tanto, las organizaciones agrarias y las cooperativas contemplan con incertidumbre el comienzo de la nueva campaña. Entre sus preocupaciones destaca justamente la eliminación de la destilación de alcohol de boca, ya que permitiría retirar del mercado entre 5 y 6 millones de hectolitros de vino.